La Unidad de Delincuencia Económica y fiscal de la Policía (UDEF) habría encontrado indicios que vinculan al marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, con una red de intermediación y cobro de comisiones en el África. Así lo afirma el organismo policial en un informe de 71 páginas con fecha del pasado 5 de mayo, donde también apunta a gestiones de la familia Pujol con la misma trama africana.

Tal como adelanta eldiario.es, los investigadores han analizado los contratos de una red de sociedades que presuntamente habrían desviado hasta 92 millones de dólares de fondos públicos españoles para pagar comisiones a funcionarios y autoridades de países en vías de desarrollo. A cambio, habrían recibido adjudicaciones de infraestructuras y obra pública a empresas españolas.

El informe de la UDEF, incorporado al caso Pujol, describe un método ilegal de pago de comisiones muy similar a lo que utilizaban los investigados por corrupción de los caso Mercasa y del Canal de Isabel II. Por otra parte, el texto dedica una especial atención a CESCE, el Consorcio Español de Seguro de Crédito a la Exportación, una institución que cuenta con el aval del Estado para financiar inversiones en el extranjero. El CESCE ya había avalado las operaciones de Mercasa en Angola.

La empresa de Pimentel, una pieza clave

El informe de la UDEF cita también el ex ministro conservador de Trabajo, Manuel Pimentel, cuando se refiere a CESCE. Pimentel es socio en Globaltec, una sociedad que interviene para que las empresas puedan conseguir el aval de CESCE. Se da el caso de que su socio en esta empresa es Javier Valero, consejero delegado de CESCE y al que ya se vinculó con operaciones sospechosas de la entidad pública en República Dominicana.

En otro párrafo del informe se cita el ex ministro de Trabajo del primer Gobierno de Aznar como directivo de una sociedad patrimonial, Almuzara 49 Estudios SL, a la que "iría desviando el reparto de comisiones".

Cuantiosas comisiones

La unidad de inteligencia financiera de la Policía habla de una "modalidad de negocio comprometida, con la ineludible intervención de CESCE, que se adheriría a la causa a través de las sociedades Ibadesa Exportaciones e Ibadesa Servicios SA". Entre los órganos sociales de estas empresas, figuran José Joaquín Herrero Aleixandre, como consejero, y José Herrero Egaña López de Hierro, sobrino del marido de Cospedal.

El informe enumera una larga lista de empresas que habrían participado en esta red para cobrar "cuantiosas comisiones", aunque eso "no significaría que todas las personas físicas involucradas actúen bajo una única unidad de acción". En el listado está la sociedad Ibadesa Cat SL, donde, según el informe policial, "habrían sido representados los intereses" de Jordi Pujol Ferrusola e Ignacio Javier Lopez de Hierro, entre otros.