Desde el pasado mes de noviembre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja en la elaboración de un informe decisivo. El objetivo de la investigación es analizar el presunto encubrimiento de un reparto ilícito de una comisión multimillonaria entre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y Fernando Camino, presidente del Grupo Quirón Prevención. Estos hechos constituyen el núcleo de una imputación por corrupción en los negocios y administración desleal que pesa sobre González Amador, sumándose así a los anteriores cargos por fraude fiscal y falsificación de documentos en el mismo juzgado que ya lo envió al banquillo de los acusados. El informe de la UCO se prevé que se convierta en el pilar fundamental de la acusación. Un dictamen que, tal como recoge elDiario.es podría abrir la puerta a un segundo juicio por los delitos mencionados. La misma orden judicial que inició esta nueva línea de investigación, cursada por la magistrada Inmaculada Iglesias, ya insinuaba la posibilidad de que pudieran aflorar otros delitos como el blanqueo de capitales.
La visión que comparten tanto la fiscalía como la acusación popular, ejercida por el PSOE y Más Madrid, es que existen indicios sólidos que acreditan una operación de apariencia lícita para cubrir un pago ilegítimo. Concretamente, se considera probado de manera indiciaria que Alberto González Amador desembolsó la cifra de medio millón de euros por la adquisición de una sociedad propiedad de la esposa de Fernando Camino. La peculiaridad radica en el hecho de que esta empresa, con un volumen de facturación insignificante, fue valorada en una cantidad desorbitada. Según la investigación, este precio excesivo no fue sino la manera de encubrir y formalizar el reparto de la comisión generada por la venta de mascarillas y otro material de protección durante la emergencia sanitaria.
La relación con el grupo Quirón
La conexión entre ambos hombres se encuentra en una empresa gallega llamada Mape. Fernando Camino, además de su cargo ejecutivo en Quirón Prevención, ocupaba un puesto en el consejo de administración de esta sociedad. En el momento más crítico de la crisis sanitaria, en mayo de 2020, Mape hizo una compra masiva de material sanitario por un valor que ronda los 42 millones de euros. El proveedor fue una sociedad catalana, FCS, con la que González Amador había pactado en secreto que recibiría un porcentaje del 4,5% sobre todas las ventas que consiguiera canalizar. La investigación sostiene que Camino, desde su posición de influencia en Mape, fue el artífice que hizo posible esta transacción millonaria, lo que le habría permitido después participar en el reparto de la sustanciosa comisión generada y pactada previamente con González Amador.
El vínculo profesional entre el empresario y el grupo Quirón se remonta al año 2017. Sin embargo, fue a partir de 2021, cuando se hizo pública su relación sentimental con la presidenta Ayuso, que las cifras de negocio entre ambas partes experimentaron un crecimiento exponencial. Aquel año, la sociedad principal de González Amador multiplicó por cuatro su facturación con el Grupo Quirón. Este hecho adquiere una dimensión relevante si se tiene en cuenta que Quirón es uno de los principales beneficiarios de la política de privatización de servicios médicos impulsada por la Comunidad de Madrid, de quien recibe concesiones públicas valoradas en unos 1.000 millones de euros anuales.
La negociación fallida de un pacto con la fiscalía
El curso del proceso dio un giro inesperado en junio de 2024. En aquellos momentos, la fiscalía y la defensa de González Amador estaban ultimando un acuerdo de conformidad que hubiera cerrado el caso por fraude fiscal. El empresario se declararía culpable de dos delitos fiscales a cambio de una pena rebajada a ocho meses de prisión, evitando así el ingreso en prisión, y el pago de una multa. Sin embargo, justo antes de la firma, la acusación popular presentó un informe detallado al juzgado donde solicitaba ampliar la investigación a nuevos delitos, tras descubrir en la documentación de la inspección tributaria una operación de compra de una sociedad que les pareció extraña. Este movimiento frustró el posible pacto y obligó a reabrir el caso
La magistrada Inmaculada Iglesias, inicialmente reticente a ampliar el objeto de la investigación, tuvo que recular tras un recurso de los partidos y decidió investigar específicamente a González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. Ante la complejidad que parecía adquirir la presunta trama, y a petición del Ministerio Fiscal, la jueza solicitó la intervención de la UCO el pasado junio. Esta unidad de élite de la Guardia Civil recibió toda la documentación, incluida la exhaustiva inspección fiscal de diecinueve meses realizada por la Agencia Tributaria y el resto de pruebas de la pieza separada.