El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el president Artur Mas han celebrado este miércoles que el Tribunal de Cuentas haya aplicado la ley de amnistía a los encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1-O y a la promoción exterior de Catalunya. La resolución beneficia, entre otros, a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat. También ordena levantar las fianzas depositadas por los afectados, que ascendían a 4,28 millones de euros. Después de la decisión, ambos han reclamado que la amnistía se aplique al resto de causas pendientes.
Turull ha celebrado que el tribunal haya puesto fin "ya de una vez" a la persecución sobre el patrimonio de las familias afectadas. En declaraciones difundidas por Junts, el secretario general ha instado al Tribunal Supremo a "no resistirse más" a aplicar la amnistía "absolutamente a todo el mundo". "¡Esta es una victoria clara del independentismo! Y esto no es perdón, es justicia", ha subrayado. El dirigente de Junts ha acusado al Tribunal de Cuentas de haber perseguido al independentismo con una actitud de revancha y ha lamentado que haya actuado más como un "justiciero" que como un juez. Para Turull, la ley de amnistía y las últimas resoluciones judiciales favorables a su aplicación representan una "enmienda a la totalidad" al "a por ellos" del Estado.
Mas celebra el final de etapa de "represión y persecución"
Por su parte, Artur Mas ha afirmado que la resolución pone fin a una etapa de "represión y persecución" que, según ha denunciado, han sufrido durante años muchas personas por defender un proyecto de país basado en los valores democráticos y las mayorías parlamentarias. En un breve comunicado, el expresidente ha celebrado que se haya cerrado esta etapa a pesar de las "continuas estrategias de muchos tribunales del Estado negándose a aplicar" la amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados.
La decisión del Tribunal de Cuentas llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara el pasado julio la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho comunitario y descartara que los hechos investigados afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea. En la resolución de este miércoles, el tribunal concluye que no se ha acreditado que los gastos vinculados al 1-O y a la promoción exterior de Catalunya se hubieran financiado con fondos europeos.
La resolución ordena levantar las medidas cautelares y devolver las fianzas constituidas para garantizar las presuntas responsabilidades contables, que ascendían a 4.283.438,23 euros. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat habían defendido el archivo de la causa, mientras que Societat Civil Catalana se había opuesto a la aplicación de la amnistía. Con todo, la decisión todavía no es firme y se puede recurrir ante la sala de Justicia del mismo Tribunal de Cuentas y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. En este contexto, Turull ha reclamado que el Supremo deje de retrasar la aplicación de la amnistía y la extienda a todos los encausados que todavía esperan una resolución.