Reticentes a la amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no aplicará de forma automática la amnistía a los mandos de ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, acusados de prevaricación y de malversación por el 1-O, tal como dejó claro que se tenía que hacer, una vez analizado el caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la sentencia de la semana pasada. El TSJC, presidido por el magistrado Jesús María Barrientos, resolvió no aplicarles la amnistía cuando entró en vigor, en junio de 2024, e hizo una consulta al TJUE sobre si la ley de amnistía respetaba el derecho de la Unión. Ahora, la defensa de Jové le ha pedido que retire la prejudicial y les aplique la amnistía. En la providencia, el tribunal da un plazo de cinco días a la Fiscalía y al partido ultra Vox, las acusaciones, para que se pronuncien, según una providencia comunicada por el gabinete de prensa del TSJC este viernes.
El Tribunal de Luxemburgo no hizo una vista previa para la prejudicial del TSJC y se esperaba que resolviera este caso después de la sentencia sobre el Tribunal de Cuentas. Ahora, los defensores piden al TSJC que acelere la resolución que esperan desde hace dos años. La exconsellera de Cultura, Natàlia Garriga, que el 1-O tenía un cargo intermedio, estaba en el procedimiento con Jové y Salvadó, solo acusada del delito de desobediencia, y el abril pasado fue amnistiada por el TSJC. Inicialmente, se le reclamaba una multa de 18.000 euros y un año de inhabilitación para cargo público.
"Sin enriquecimiento"
El TSJC no debería de poner más pegas para aplicar la norma del olvido penal a los excargos del Govern. En una resolución anterior ya afirmó que Jové y Salvadó "no se enriquecieron" a partir de los hechos que se les acusan por la organización del 1-O, que es uno de los motivos que la norma excluye para aplicar la extinción de responsabilidad penal. Así lo fijó el Tribunal Supremo, el cual indicó que solo el president Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva y Dolors Bassa se enriquecieron porque no pusieron de su bolsillo el dinero para organizar el 1-O.
Una interpretación de la malversación y de la ley de amnistía del Supremo muy criticada para las defensas y también para la Fiscalía. Se espera que el Tribunal Constitucional (TC) enderece al Supremo con los recursos de amparo de los líderes independentistas, aunque no responderá a sus peticiones hasta el otoño.