El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) mantendrá los honores y prerrogativas de expresident de la Generalitat a Quim Torra, a pesar de su inhabilitación, después de que la Fiscalía no se haya opuesto en una vista oral que ha tenido lugar este miércoles. En cambio, los magistrados tendrán que decidir si los meses inhabilitado como diputado del Parlament ya le computan parcialmente en la pena de inhabilitación de 18 meses como cargo público. La defensa de Torra alega que desde el 3 de enero Torra fue inhabilitado como parlamentario, uno de los dos cargos públicos que tenía.

En la vista celebrada en el TSJC, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, no se ha opuesto al mantenimiento de las prerrogativas y honores que la ley de Presidencia del 2003 prevé para los expresidents, como una asignación económica, una oficina con personal, escolta, coche oficial y tratamiento de muy honorable. Según el ministerio público, durante el juicio no se habló de esta posible anulación y la sentencia sólo habla de cargo público, no de estas prestaciones una vez dejado el cargo de president. Además, considera que la asignación económica es para garantizar que los expresidents no trabajarán en el sector privado una vez dejen el cargo. De hecho, este criterio es el mismo que siguió la Fiscalía en el caso de Artur Mas y su inhabilitación por el 9-N.

La Fiscalía pide cumplir toda la inhabilitación

Donde sí que ha habido discusión, y el tribunal tendrá que decidir, ha sido en el periodo de inhabilitación. La defensa de Torra considera que los casi nueve meses entre la inhabilitación como diputado y la sentencia firme del Tribunal Supremo se tendrían que contabilizar, al menos la mitad, cuatro meses, ya que el expresidente fue desposeído de uno de los dos cargos públicos que tenía. Eso dejaría el resto de la inhabilitación en 14 meses, que se cumplirían en noviembre del 2021 aproximadamente. En cambio, la Fiscalía cree que la inhabilitación como diputado, ordenada por la Junta Electoral Central, era provisional y que Torra seguía manteniendo otro cargo público.

Por eso propone que los 18 meses de pena empiecen a contar desde el día de la sentencia del Supremo, cosa que alargaría la inhabilitación hasta marzo del 2022. Durante la vista no se ha hablado del pago de la multa de 30.000 euros, y el abogado de Torra, Gonzalo Boye, ha anunciado que en pocos días hará llegar un escrito al tribunal proponiendo un sistema y plazos de pago.