El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha arrancado la maquinaría para sacar del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona a los principales responsables del 1 de octubre.
Pere Aragonès, Josep Maria Jové y Lluís Salvador sueño aforados y tendrían que pasar al TSJC. Aragonès es vice presidente y conseller de Economía y Jové y Salvador son diputados del Parlamento de Catalunya.
Los trámites los dirige la magistrada Maria Eugènia Alegret que hoy ha pedido en la Fiscalía que posicione sobre si hace falta dejar su caso al juez del 13 o pasarlo al Tribunal Superior de Justicia. Es un trámite habitual antes de tomar la decisión.
El juez de instrucción 13 de Barcelona empezó la investigación a raíz de las declaraciones que hizo Santi Vidal en una conferencia pública sobre la Hacienda catalana. A partir de aquí el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer encargó una investigación a la Guardia Civil, con la intervención de los teléfonos, que derivó el 20 de septiembre con las detenciones de varios altos cargos del Gobierno que se encargaban de los preparativos del referéndum del 1 de octubre.
De aquí sale también la denuncia de la Fiscalía por sedición que llevó hasta la Audiencia Nacional a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart que sueño en la prisión desde el 16 de octubre pasado.
Los abogados creen que hay más garantías de defensa si el caso pasa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que de hecho, es quien ahora tiene las competencias. El juez de instrucción 13 ya intentó derivar parte del caso al Tribunal Supremo para unir algunos de los investigados al caso por rebelión. Pero Pablo Llarena lo rechazó.