El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acabado la instrucción contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por su implicación en el 1-O y ha acordado unir su causa a la de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que ya están a punto de juicio. Inicialmente, era el juzgado de instrucción número 13 quien investigó a Garriga por malversación de fondos públicos y desobediencia cuando era directora de servicios de Vicepresidència, Economia i Hisenda que dirigía el mismo Jové. El mes de marzo, la consellera Garriga compareció ante el TSJC, aunque de manera fugaz, ya que su declaración solo se alargó durante un cuarto de hora. Durante aquellos quince minutos, la titular de Cultura aseguró que no había recibido ningún requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) para que no realizara ninguna acción del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya.

 

En un primer momento, también se imputó a Garriga por las obras en una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). En este sentido, aseguró que estas reformas no solo se utilizaron para el 1-O sino también para las elecciones del 2017, y que posteriormente ha acogido el 061 y se ha usado para la pandemia. Por todo ello, la magistrada Maria Eugènia Alegret, descartó imputar estas obras, cifradas en cerca de dos millones de euros, a Jové y Salvadó al ver un uso posterior. Meses antes, en diciembre del 2021, el fiscal presentó un escrito en el TSJC en el que validaba que Garriga tenía que ser investigada por este tribunal, pero ya descartaba el delito de malversación, que implica prisión. Es decir, quería que solo fuera investigada y juzgada por desobediencia, con penas de inhabilitación a cargo público.

Detenida en septiembre del 17

Garriga fue una de la veintena de personas del Gobierno y de empresarios detenidos en septiembre del 2017 con el fin de parar el 1-O. Al ser escogida consellera, con el gobierno de Aragonès, Garriga se convirtió en aforada y su causa se elevó al TSJC. Y aunque ya fue citada a declarar en el juzgado, la instructora del TSJC, la magistrada Maria Eugènia Alegret, la citó en marzo a declarar, como investigada, por los mismos hechos. La consellera pidió ser investigada en la causa abierta contra Jové y Salvadó, entonces secretario de Hisenda, en la causa que tienen en el TSJC, petición aceptada por el tribunal. 

En febrero de 2020, el TSJC procesó a los diputados Jové y Salvadó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Además, la instructora, la magistrada Maria Eugenia Alegret, les impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.889.000 € en el caso de Jové y de 1.635.000 a Salvadó.