El Tribunal de Cuentas (TCu) ha anunciado este lunes por la tarde que ha fijado para el 17 de noviembre el juicio contra 35 excargos de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont con el vicepresident Oriol Junqueras, a los cuales se les reclama 5,3 millones de euros, por parte de Sociedad Civil Catalana (SCC), rebajados a 3,2 millones por parte de la Fiscalía por los gastos del 1-O y de la promoción de Catalunya en el Exterior de 2011 a 2017. En la audiencia previa del 16 de diciembre pasado, en Madrid, la consejera del Departamento 2.º de Enjuiciamiento del TCu ya rechazó verbalmente la suspensión de la causa catalana, a pesar de que las defensas insistieron que la Generalitat no ha sido perjudicada, y ahora tampoco ha aceptado los recursos pendientes, la mayoría de codemandados de ERC.

El TCu detalla que el juicio empezará a las 9 de la mañana del 17 de noviembre, y que en la vista se practicarán las pruebas de interrogatorio de parte e interrogatorio de testigos que fueron admitidas en la audiencia previa. Y después, se harán las conclusiones orales, y el juicio quedará visto por sentencia. En este sentido, la consejera Elena Hernáez admitió la declaración del presidente Carles Puigdemont, que seguramente se hará por videoconferencia, como codemandado.

El dinero para la Generalitat

El Tribunal de Cuentas informa que ha dictado una resolución, datada este lunes, en la cual rehúsa las distintas peticiones de los codemandados. En concreto, expone que la defensa de Oriol Junqueras, Raül Romeva y otros siete codemandados más, ejercida por el despacho Vallbé, pidió que el dinero depositado como garantía de supuesta responsabilidad contable que fue fijada, en una liquidación provisional el 28 de enero de 2020, y que asciende a 4.146.274 euros, sea transferida a las arcas de la Generalitat de Catalunya o que se le ofrezca en depósito, aunque condicionado al resultado final del procedimiento de reintegro, puesto que se oponen a la tesis de la Fiscalía de que las arcas públicas se vieron afectadas con la organización del Referéndum y la promoción de Catalunya al exterior, donde muchas veces eran visitas con empresas y, en algunos casos, se hacía alguna conferencia de carácter político.

La consejera tampoco ha aceptado que se paralice el cómputo de intereses de demora desde el 21 de octubre de 2020, que es cuando los codemandados lo pidieron por primera vez o desde que la consejera del Departamento 2.º de Enjuiciamiento lo estime conveniente. Y es que en el caso del 9-N de 2014, el presidente Artur Mas y los exconsellers no pudieron liberar sus bienes hasta este pago, que al final se realizó con aportaciones de la Caixa de Solidaridad. Esta demanda tampoco ha sido aceptada. La resolución de la consejera no es firme y se puede presentar recurso a la sala de justicia del Tribunal de Cuentas.

Fianzas duplicadas

La consejera del Tribunal de Cuentas también descartó de devolver el dinero, puesto que las defensas insistieron que también están depositadas en el ámbito penal, como expuso Gonzalo Boye, abogado del president Puigdemont, que insistió que al mantener el procedimiento contable se incumplía el principio non bis in idem (no ser juzgado dos veces por lo mismo). La consejera del TCu respondió que la jurisprudencia permite mantener los dos procedimientos a la vez y que el depósito de dinero se puede subsanar si ya se ha aportado en uno de los dos casos, con sentencia firme.

En la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, el tribunal derivó las fianzas al Tribunal de Cuentas. No obstante, hay 5,8 millones de euros depositados en una cuenta judicial, por orden del juzgado de instrucción 13 de Barcelona desde 2019, mientras que el Tribunal de Cuentas tiene 1,2 millones de euros por el 1-O. La responsabilidad contable de Exteriors, cifrada en 2,2 millones de euros, es la que se ha permitido cubrir con avales del Institut Català de Finances (ICF) y el TCu volvió el dinero aportado por ERC y otras entidades.