El Tribunal de Cuentas ha decidido investigar la compra del polémico ático de Isabel Díaz Ayuso después de apreciar indicios de menoscabo de fondos públicos, según una resolución de este viernes. Todavía más, aprecia indicios de que los 6,3 millones de euros que costó la vivienda adquirida por la Comunidad de Madrid no tuvieron "justificación legal". Entonces, el TCu ha rechazado el archivo de la causa, como pedían la misma Comunidad de Madrid y la empresa pública Planifica Madrid, y ha elevado las actuaciones para que se nombre un delegado instructor que investigue las presuntas irregularidades en la compra del ático de Chamberí y determine si pueden derivar en responsabilidad contable.
"Los actores públicos y denunciantes han aportado suficientes elementos indiciarios para poder considerar que la adquisición del inmueble cuestionado en esta acción pública pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid", recoge el auto. La consejera de Cuentas considera que los hechos denunciados no permiten descartar la existencia de un posible alcance contable, ya que las denuncias sostienen que la compra se habría hecho sin una justificación previa suficiente, sin que constara un expediente de necesidad anterior a la operación y sin acreditar adecuadamente su vinculación con los fines públicos de la sociedad. Estas denuncias también cuestionan que el inmueble se adquiriera por un precio superior a su valor de mercado y que reuniera las condiciones necesarias para el uso administrativo o institucional que posteriormente se alegó.
Falta de justificación y sobreprecio
El auto recoge que la operación se llevó a cabo sin que constara inicialmente ningún encargo formal de la Comunidad de Madrid ni ninguna memoria justificativa previa que acreditara la necesidad de adquirir el inmueble. De hecho, la memoria que alegó el gobierno madrileño para justificar su destino institucional casi tres meses después de formalizarse la compra, el 2 de julio de 2026 —la operación se formalizó el 14 de abril—. Según esta justificación posterior, el inmueble se tenía que destinar a uso institucional, con espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades, pero el TCu cuestiona que esta finalidad encaje con el objeto social de la empresa Planifica, cuyos estatutos vinculan la adquisición y la gestión de inmuebles a la actividad administrativa de las consejerías y los organismos públicos de la Comunidad de Madrid. El auto también destaca que el contrato de arrendamiento suscrito entre Planifica y la Comunidad de Madrid el 28 de julio de 2026 se resolvió de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, después de que la Administración comunicara que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler. El inmueble no llegó a ser utilizado por la Comunidad y posteriormente se acordó su puesta a la venta, sin éxito.
Otro aspecto que tendrá que aclarar la investigación es el posible sobreprecio de la operación. La primera tasación encargada a Gesvalt, fechada el 13 de febrero de 2026, valoró el ático en 6.242.884,19 euros, frente a los 6,3 millones abonados por Planifica. Asimismo, las denuncias apuntan a otros posibles costes asociados a la operación y cifran el eventual perjuicio económico en al menos 437.058 euros. Por su parte, la Comunidad de Madrid y Planifica defendieron que no había habido sobreprecio y aportaron una segunda tasación de Gesvalt, fechada el 15 de octubre, que elevó el valor del inmueble a 6.320.341,26 euros al incorporar al cálculo una parte de la terraza cerrada. También alegaron que el precio de salida fijado para su venta, de 6.694.201 euros, permitiría recuperar la inversión. No obstante, el TCu señala que la primera licitación quedó desierta por falta de ofertas y que el inmueble continúa sin encontrar comprador, una circunstancia que podría indicar que el mercado no ha asumido el precio establecido.
Suficientes indicios para investigar el caso
En su momento, el Ministerio Fiscal se pronunció a favor de continuar las actuaciones y solicitó en dos ocasiones el nombramiento de un delegado instructor, al considerar que las alegaciones y la documentación aportadas por la Comunidad de Madrid y Planifica no desvirtuaban, de momento, las irregularidades denunciadas. Ambas entidades habían solicitado el archivo del procedimiento al defender que la adquisición se ajustaba a la actividad de Planifica, que el consejero delegado tenía suficientes facultades para formalizarla y que no se había producido ningún daño real a los fondos públicos. Pero el TCu ha considerado ahora que hay suficientes indicios para investigar si la inversión de 6,3 millones de euros tuvo una finalidad pública legalmente justificada y si pudo ocasionar un perjuicio económico. La resolución precisa que esta decisión "no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables", cuestiones que se deberán determinar durante la fase de investigación.
La acción ha sido promovida por varios denunciantes y dispone de la personación del grupo parlamentario Más Madrid y de su portavoz en la Asamblea regional, así como de otros dos actores públicos, entre ellos el abogado Javier Flores. El letrado ha señalado a Europa Press que "la Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles". "Han puesto los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no", ha subrayado, y ha advertido: "Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada. Si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños. Llegaremos hasta el final".