El Consejo de Ministros dará luz verde al inicio de la tramitación administrativa de una regularización extraordinaria de personas inmigradas en situación irregular, una medida que beneficiará aproximadamente a medio millón de ciudadanos. Se trata de una decisión política de un alcance considerable, dado que no se ponía en marcha un proceso de estas características desde hace dos décadas en el Estado. Su aprobación llega tras un largo e intenso debate público, así como de una fuerte presión ejercida durante meses por cientos de organizaciones sociales, entidades civiles y colectivos que han reivindicado la necesidad de adoptar esta medida.
El proceso de regularización será dirigido específicamente a aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular, así como a solicitantes de asilo que puedan acreditar su residencia en España con anterioridad al 31 de diciembre de 2025. La previsión del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que las personas interesadas puedan empezar a presentar sus solicitudes a partir del próximo mes de mayo, iniciándose así un proceso administrativo que, con toda probabilidad, se extenderá durante varios meses. La cifra de potenciales beneficiarios, aún provisional, se sitúa en torno a las 500.000 personas, un volumen que refleja la complejidad y la dimensión real de esta realidad social en la actualidad. Cabe recordar que, si bien se trata de la regularización más importante de las últimas dos décadas, no es la primera medida de esta naturaleza en el Estado.
Demostrar un vínculo efectivo y continuado
Uno de los aspectos clave del procedimiento será la necesidad de demostrar de manera efectiva y documentada la estancia continuada en el país. Para acreditar esta permanencia, las personas solicitantes podrán aportar una amplia variedad de documentos que sirvan como prueba de su residencia. Entre estos documentos se aceptarán, por ejemplo, los certificados de empadronamiento municipal, informes médicos o tratamientos en centros sanitarios públicos, certificados de asistencia a servicios sociales, contratos de alquiler, justificantes bancarios de envíos de dinero a los países de origen e, incluso, billetes de transporte público.
Más allá de la documentación relativa a la estancia, el proceso de regularización incorporará otros requisitos indispensables para poder acceder a él. Las personas interesadas deberán acreditar, además de la residencia previa, la falta de antecedentes penales por delitos graves. Este requisito busca asegurar que la medida, de naturaleza excepcional y con una fuerte carga social, no beneficie a personas que hayan cometido infracciones penales de cierta gravedad, preservando así el espíritu inicial de la medida, dirigida a personas que han desarrollado vínculos sociales y laborales en el país.
Cae el riesgo de deportación
Uno de los aspectos más relevantes y que más inquietudes genera entre el colectivo afectado es el riesgo de deportación durante el largo proceso administrativo. Al respecto, desde Podemos se ha avanzado que en el mismo momento de la presentación de la solicitud de regularización, quedarán automáticamente suspendidos todos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión que pesen sobre la persona por motivos administrativos o por haber trabajado sin la correspondiente autorización.
Una vez se admita la solicitud a trámite, la persona recibiría una autorización de residencia provisional que, de manera inmediata, le otorgaría el derecho a trabajar legalmente y a acceder a derechos básicos hasta ahora limitados, como es la asistencia sanitaria pública. Si la resolución final del procedimiento es favorable, el Estado otorgará una autorización de residencia con una vigencia inicial de un año. Al finalizar este período, la persona podrá solicitar la renovación o la transformación de esta autorización en una ordinaria, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente en materia de extranjería, consolidando así su situación jurídica y social en el país de acogida.