Más trabajo para el Reino de España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite la segunda demanda presentada pel president Quim Torra contra el Reino de España por su condena por no haber retirado la pancarta en favor de los presos políticos y el exilio del balcón de la Generalitat en período electoral, según ha adelantado Vilaweb y ha confirmado ElNacional.cat. El febrero pasado, el TEDH ya admitió la primera demanda, presentada por los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, que denunciaba vulneración de derechos al president Torra por la condena que le impuso el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por no haber retirado la pancarta que le exigía la Junta Electoral Central (JEC).
Ahora, la segunda demanda al TEDH es porque el Parlament le retiró el escaño el 27 de septiembre de 2020, cuando el Supremo confirmó la primera condena por inhabilitación a cargo público, que obligó a Torra tuvo que dejar la presidencia de la Generalitat, ya que para serlo hay que tener el acta de diputado.
Inhabilitado hasta el 2023
Quim Torra, ya sin aforo, volvió a ser juzgado nuevamente por no retirar la pancarta de los presos, acusado de no hacer caso de un juzgado de lo contencioso, en el primer caso era la JEC. En este segundo juicio fue juzgado en ausencia y nuevamente inhabilitado, castigo que Torra cumplió en diciembre de 2023.
Torra -escogido para sustituir a Carles Puigdemont, al marchar obligado al exilio por la persecución por el 1-O- anunció que no quería optar a ningún cargo político más. Ni en Junts.
Persecución política
La excepcionalidad de la causa contra Torra es la vulneración del derecho a la libertad de expresión y política, así como a ser juzgado con imparcialidad, hecho no cumplido, según sus abogados. Además, los tribunales cambiaron la jurisprudencia y consideraron la JEC como un órgano jurisdiccional, para poder acusar el president Torra de desobediencia a las órdenes de un tribunal.
La pancarta -en un edificio público- también defendía derechos humanos, y no un posicionamiento político, como el independentista, se indica. Con todo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya -con un voto discrepante- defendió que el Palau de la Generalitat es de todos y tiene que mantener su neutralidad. Este argumento fue aprovechar por formaciones de extrema derecha como Vox para expulsar las banderas LGTBIQ+ de los balcones de instituciones públicas, que hace años que se lucen sin ningún conflicto social. Al final, el Tribunal Supremo, en una resolución de diciembre de 2024, avaló la legalidad de colgar la bandera del arco iris en los edificios.