El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) hace público este miércoles, a las nueve y media de la mañana, en Luxemburgo, dos sentencias muy esperadas por el exilio catalán: resolverá si los europarlamentarios de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pueden seguir disfrutando de la inmunidad parlamentaria, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les concedió de forma cautelar, en mayo de 2022, mientras está abierto el proceso judicial que ahora se resuelva. En concreto, si el Parlamento Europeo actuó correctamente o no al aceptar el suplicatorio del juez Pablo Llarena con el fin de emitir una orden para su detención por haber organizado el 1-O y el procés de independencia de Catalunya. Si les mantiene la inmunidad, hará falta ver si tendrán cobertura en el Estado español y podran volver a Catalunya. Un hecho excepcional. Por el contrario, si les tumba las dos demandas, está previsto que el juez del Tribunal Supremo ordene, de forma inmediata, la cuarta euroorden para hacer detener a Puigdemont y a Comín, ya que Ponsatí solo ha sido procesada por desobediencia, delito que no implica prisión y no se puede pedir su extradición. A
El equipo de defensa de los políticos catalanes, liderado por Gonzalo Boye, advierte que habrá que leer las sentencias con atención y entre líneas para ver si han alcanzado objetivos, tal como pasó con la resolución del enero pasado del TJUE sobre las prejudiciales planteadas por el juez Llarena con el caso del exconseller Lluís Puig.
Grupo Objetivamente identificable
Una lectura rápida de aquella sentencia indica que un estado miembro de la UE no se puede negar a la entrega de un ciudadano que le reclama otro estado miembro. Es decir, para algunos fue un triunfo del juez Llarena frente el exilio. No obstante, el tribunal indicaba que se podía denegar la entrega si se podía sospechar de vulneración de derechos porque la persona pertenece a un Grupo Objetivamente Identificable de Personas (GOIP), del cual los políticos independentistas catalanes se sienten identificados. Además, abría la puerta a plantear que el Tribunal Supremo no es el competente para juzgarlos. Sea como sea, han pasado cinco meses desde esta resolución y el juez Llarena no ha reactivado la orden europea de detención de Lluís Puig. Hay quien sostiene que quiere dar un golpe de efecto y reclamar la extradición de Puigdemont, Comín y Puig a la vez. Bélgica tendrá la última palabra, y ya rechazó la entrega de Puig al juez Llarena al asegurar que no tendría un juicio justo.
¿Empezar de cero?
Las dos sentencias del TGUE serán complejas, pero no definitivas: tanto la defensa del exilio como el Parlamento Europeo podrán presentar recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que acostumbra a rectificar lo que dice el tribunal de primera instancia, al menos en la causa catalana. Además, el TGUE podría emitir una sentencia en la cual indicara que se ha perdido el objeto a analizar porque el suplicatorio se pidió cuándo Puigdemont, Comín y Ponsatí fueron procesados por los delitos de sedición, y con la derogación de este delito por parte del Gobierno, el juez Llarena tendría que empezar de cero y volver a pedir un suplicatorio nuevo a la cámara europea con los nuevos delitos.
Recientemente, la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha avalado el nuevo procesamiento del exilio hecho por el juez Llarena: Puigdemont, Comín y Puig por el delito de malversación agravada, sin aceptar la reforma del Código Penal del PSOE, ERC y Comuns, mientras que Ponsatí solo por el delito de desobediencia. En el caso de Ponsatí, el juez Llarena ha ratificado la orden de su detención en el Estado español con el fin de tomarle declaración para derivarla a juicio.
El precedente de Junqueras
El magistrado instructor del Supremo afirma que Puigdemont y Comín no tienen inmunidad parlamentaria porque fueron procesados por el procés independentista antes de obtener el acta de diputado a la cámara europea, en enero de 2020. Es decir, de los tres tipos de inmunidad que tienen los europarlamentarios, Llarena respeta que tienen intacta asistir al Parlamento Europeo y viajar por países de la UE, pero no al Estado español, donde han sido procesados por organizar el 1-O.
Al exilio ayudó la primera resolución que el TJUE hizo de la demanda de Oriol Junqueras, al asegurar que no había que jurar el cargo al Estado español para ser considerado europarlamentario, aunque el Supremo contestó que la condena de octubre de 2019 era firme y tenía que mantenerle en prisión. Sin embargo, el TJUE, el diciembre pasado, desestimó el recurso de Junqueras en defensa de su escaño y avaló la decisión del TGUE que dio por buena la decisión del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que solo transmitió a la Eurocámara su situación jurídica, derivada de las resoluciones jurídicas españolas. Precisamente, la decisión de no presentar al plenario la petición de protección de Puigdemont y Comín es la primera resolución que dictará este miércoles el TGUE.
Más de 50 suplicatorios
En respuesta a los argumentos del juez Llarena, la defensa de Puigdemont ha presentado 59 suplicatorios previos del Parlamento, que se remontan hasta 1990, que desmienten que la inmunidad no existe si el supuesto delito es anterior a la condición de diputado. Y se recuerda de que la presidenta del tribunal, en la vista del noviembre pasado, preguntó al abogado del Parlamento por el caso de Elena Yoncheva, periodista búlgara a quien la cámara protegió por una investigación anterior a obtener el acta de diputada y el letrado lo justificó porque era una investigación compleja y habían salido vídeos donde un político la hacía perseguir.
Despliegue en Bruselas
La batalla legal entre Puigdemont y Llarena a instancias internacionales ha sido larga y densa, y la sentencia que este miércoles leerá el TGUE podría ser solo una etapa más. O no...
Los eurodiputados comparecerán en la Eurocámara al mediodía para valorarla. Para seguir la decisión se han desplazado a Bruselas la presidenta de Junts y el secretario general, Laura Borràs y Jordi Turull, así como el portavoz, Josep Rius, la candidata a las elecciones generales, Míriam Nogueras, y el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, entre otros. En nombre del Gobierno será la consellera de Exteriores, Meritxell Serret, que durante más de dos años compartió el exilio con los eurodiputados, y que hará también una valoración en las puertas de la cámara.
Las resoluciones abrirán el camino jurídico al exilio, y animarán el frente político un día antes del inicio de la campaña de las elecciones del 23-J, y con el estreno de la presidencia de la UE por Pedro Sánchez. En el horizonte, las elecciones al Parlamento Europeo a mediados de 2024.