Nueva injerencia. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado hoy parte de la ley catalana de la vivienda, la 11/2020, de medidas urgentes en materia de contención de los precios de los alquileres, a instancia del grupo parlamentario del PP, según han avanzado diferentes fuentes y después confirmado por el tribunal. El pleno del TC ha aprobado por unanimidad que nueve artículos de la ley catalana invaden competencias del Estado español y las declara inconstitucionales. Ante esta noticia, los grupos parlamentarios que aprobaron la ley, en septiembre de 2020, JxCat, ERC, Comunes y la CUP, han convocado una comparecencia esta tarde en el Parlament. El Sindicat de Llogateres ha pedido una respuesta urgente al Govern. La resolución del TC, de la cual ha sido ponente el magistrado Ramon Sáez, todavía no se ha hecho pública desde este tribunal.
En concreto, el TC anula: los artículos 1, 6 a 13, 15 y 16.2; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposición transitoria primera y la final cuarta, letra b); la disposición adicional cuarta, y la disposición final tercera de la Ley de Catalunya 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. La norma obligaba a congelar o bajar los precios de los alquileres en las zonas de "tensión" residencial en las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedaban exentos los arrendatarios con ingresos menores de 2.000 euros mensuales. A efectos prácticos, parte de la ley 11/2020 quedaría tumbada en el momento en que se haga pública la resolución del TC, lo cual pasará en los próximos días, alerta al Sindicat de Llogateres, que pide una acción firme del Govern de la Generalitat. Precisamente, hoy el Gobierno sacaba adelante la nueva ley de la vivienda, aunque invade competencias de las autonomías, alertó el Poder Judicial.
Futuro
El TC ha avanzado, en un comunicado, el contenido de la resolución y uno de los puntos claves es que sostiene que "no afecta las situaciones jurídicas consolidadas, con base al principio de seguridad jurídica y al legítimo fin de procurar la estabilidad en las relaciones contractuales preexistentes. Los efectos serán -indica- pro futuro". Es decir, los contratos de arrendamiento de viviendas subscritas con anterioridad al momento de la actual resolución se mantienen en sus términos.
Además, precisa que "la finalidad de la reserva estatal en materia de derecho de contratos es por la necesidad de garantizar un común denominador en los principios que tienen que regir las obligaciones contractuales, hecho que se consigue cuando las categorías generales son las mismas en todo el territorio nacional". Y añade que la jurisprudencia constitucional fija la competencia estatal de las "bases de las obligaciones contractuales" y que tiene que ser entendido como "una garantía estructural del mercado único y supone un límite en sí a la diversidad reguladora que pueden introducir los legisladores autonómicos".
Protesta
El Sindicat de Llogateres ha sido el primero en reaccionar y "ha condenado que este órgano tumbe las decisiones del Parlament de Catalunya y recorte el derecho a la vivienda en beneficio de los intereses del lobby inmobiliario". Añade que la regulación de alquileres es una herramienta efectiva para bajar el precio de los alquileres y ha beneficiado a más de 160.000 inquilinas en el último año, bajando los alquileres una media del 5% en las ciudades reguladas, dónde vive el 70% de la población catalana. Por eso se han añadido a la convocatoria de esta tarde en el Parlamento y, han anunciado una concentración de rechazo este sábado a las 18 horas en la plaza Sant Jaume.
El consenso social en Catalunya ante la emergencia de la vivienda ha permitido que recientemente el Parlament aprobara la Ley 1/2022 que modifica otras normas para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Catalunya sigue liderando el número de desahucios en el Estado español, a pesar de la moratoria por la covid-19.