El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este jueves la sentencia propuesta por el magistrado Ricardo Enríquez sobre el recurso de Vox contra la conocida como 'ley Celaá' (LOMLOE) porque respaldaba la norma salvo en dos cuestiones --el rechazo a la segregación del alumnado por sexos y en centro de educación especial--, encargando al ponente que elabore un nuevo borrador que avale sin fisuras la ley, según ha informado la corte de garantías. Vox impugnó lo que consideraba "la parte más sectaria de la ley", la que guarda relación, según ellos, con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.
Enríquez proponía declarar constitucional la Ley Orgánica de Educación de 2020, excepto los artículos que recogen que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".
Ese aval parcial incluía la parte de la ley que señala que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable". Ahora, tras el rechazo del Pleno a su ponencia, Enríquez ha accedido a redactar una nueva que recoja el sentir de la nueva mayoría progresista del TC (de siete magistrados frente a cuatro), esto es, declarar la constitucionalidad de toda la 'ley Celaá'. Una vez confeccionado este segundo borrador, tendrá que someterse otra vez al examen del TC, algo que se espera en las próximas semanas.
¿Qué modifica la ley?
La ley recoge las siguientes modificaciones: el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; o la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública.
La LOMLOE también incluye la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años. Un firme opositor a la Ley va ser el sector de la concertada, representada por la Plataforma Más Plurales, que abanderó las seis concentraciones de protesta contra la Ley durante los meses de noviembre y diciembre de 2021.