El Tribunal Supremo ha propuesto llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la regularización extraordinaria de migrantes, precisamente el día que expira el plazo para solicitarla. Mediante dos providencias consultadas por ElNacional.cat este martes, el alto tribunal ha planteado a las comunidades autónomas que la recurrieron, el País Valencià y Aragón, que se pronuncien sobre la procedencia de formular una cuestión prejudicial al TJUE al entender que la medida aprobada por el Gobierno puede colisionar con la normativa europea. Las dos providencias han sido dictadas antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades indicadas, después de que el Supremo ya rechazara suspender la regularización de manera cautelar a petición de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, la regularización ha superado las previsiones del ejecutivo estatal: se han presentado más de un millón de solicitudes, cuando no se esperaban ni la mitad. Solo en Barcelona, por ejemplo, se han atendido a unos 90.000 inmigrantes por este motivo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo de cinco días a las partes para que expresen su opinión, y dice: "El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE (el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea)". Así, los magistrados someten a parecer de las partes "si, a pesar de la vigencia de la Directiva de Retorno y su no transposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el simple hecho de la estancia irregular en España".
En esta línea, el Supremo pide a las partes que manifiesten su parecer sobre la compatibilidad con el Convenio Schengen y el Tratado de la UE "de una medida adoptada por un Estado miembro mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de una regularización de carácter masivo y sin que conste cooperación previa al respecto con el resto de estados miembros". Al respecto, aclara que "un nacional de un tercer país que resulte beneficiario de primera autorización de residencia temporal de un año adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en periodos de ciento ochenta".
En cuanto al PMAUE, el tribunal recuerda que los estados miembros asumieron nuevas obligaciones que se han plasmado en normas que establecen un procedimiento común en materia de protección internacional en el bloque comunitario. También añade que el Real Decreto aprobado por el Gobierno "contiene un proceso que constituye un supuesto de regularización normativa de la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España", y dice: "No se trata pues de un reconocimiento individualizado del permiso sino de un régimen general a escala normativa para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontraran en España en situación irregular debiendo reunir determinadas condiciones".
Más de un millón de migrantes
El Supremo insiste en que el pacto migratorio comunitario "establece con rotundidad que el marco común es necesario para abordar de manera eficaz el fenómeno creciente de llegadas mixtas de personas que necesitan protección internacional y de quienes no la necesitan". Finalmente, remarca que el reglamento establece "la responsabilidad por las llegadas de migrantes y solicitantes de asilo a la Unión no debe ser asumida por los estados miembro por separado sino por la UE en conjunto".
Como decíamos, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes concluye este martes después de dos meses con más de un millón de solicitudes. Más concretamente, 1,2 millones, cuando el Gobierno había previsto que solo 500.000 personas se beneficiarían de este mecanismo. Ante estos datos, el presidente del ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, ha asegurado que la cifra demuestra que era una medida necesaria. También ha recordado que tras cada petición hay una persona que ya vive en el país y que, a partir de ahora, formará parte de la sociedad con todos los derechos y deberes. "No hay integración posible sin regularidad. La exclusión no protege a nadie", ha defendido, cargando contra la "prioridad nacional" del PP y Vox. Además, ha presentado el Plan de Integración y Ciudadanía, que estará dotado con 500 millones el primer año y que debe servir para hacer de la regularización "un proyecto de vida con trabajo, con educación, con derechos, con deberes y con reglas de convivencia compartidas". Finalmente, ha celebrado que la medida es "un éxito de gestión muy importante" y "un paso clave para sacar de la invisibilidad" una realidad que existe y que afecta a cientos de miles de personas que ya viven en el Estado.