El Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del ultra Alvise Pérez. El alto tribunal quiere continuar la investigación por la querella presentada contra él por dos eurodiputados que fueron en su lista de Se Acabó La Fiesta en las elecciones europeas de 2024. Denunciaron al líder de la formación por acoso y revelación de secretos. El auto lo ha redactado Manuel Marchena, magistrado de la Sala de lo Penal y presidente del tribunal que juzgó en 2019 a los líderes independentistas del Procés, y va dirigido a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.
Marchena expone en su auto que los hechos investigados se centran en las declaraciones hechas por Alvise en un pódcast donde animó a sus seguidores a acosar a sus dos compañeros de lista, Diego Solier y Nora Junco. Él les acusaba de haberse dejado sobornar en una votación sobre el aumento del gasto en Defensa. "Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo que no y tú ahora votas a favor, traicionas a 800.000 españoles; perseguidlos y pedidles explicaciones; y si tenéis que gritarles en un bar que son unos criminales, que son unos corruptos y que han votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no puedo hacerlo yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", dijo Alvise.
Los eurodiputados que se querellaron contra el líder de Se Acabó La Fiesta también le atribuyen la filtración de datos personales de contacto, lo cual habría derivado en "un constante acoso de mensajes a través de las redes sociales, con reiteradas amenazas, insultos y difamaciones". Según el magistrado del Tribunal Supremo, el líder de esta incipiente formación de extrema derecha "no se ha limitado a emitir o expresar sus opiniones en un debate político en el que, por definición, los límites de la protección del honor y la imagen cederían frente a la libertad de expresión".
"Los mensajes difundidos en las redes sociales y la divulgación incontrolada de datos personales de las víctimas desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad", añade Marchena. Además, el juez recuerda que el significado de la inmunidad parlamentaria decae cuando los dos denunciantes, "también europarlamentarios y antiguos compañeros de lista electoral, se han visto obligados a variar sus rutinas".
El paso del juez instructor llega después de que Alvise reconociera ante el magistrado los mensajes, pero negó que quisiera acosarlos, mientras que los querellantes ratificaron los presuntos delitos. Así pues, el de este miércoles se convierte en el tercer suplicatorio elevado al Parlamento Europeo de las cinco causas que el eurodiputado tiene abiertas en estos momentos en el Supremo: presunta financiación ilegal de Se Acabó La Fiesta; presunto acoso en las redes sociales a la fiscal Susana Gisbert; presuntas amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, y por haber difamado sobre una PCR falsa del president de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa.