Nueva fecha. El Tribunal Supremo ha anunciado hoy que ha fijado el 28 de septiembre como la nueva fecha para juzgar a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant por un delito de desobediencia grave a un tribunal, porque no quiso responder al partido ultra VOX en el juicio contra los independentistas catalanes, en el Supremo, al ser citada como testigo, en enero de 2019. En la resolución, el tribunal indica que declara "pertinentes" las pruebas propuestas por la fiscalía y por la defensa y que "la acusada podrá declarar en catalán", como ella solicitó. Con respecto a cuestiones previas, se indica que se resolverán en el inicio del juicio.

Inicialmente,  la vista estaba fijada para el 1 de marzo pasado, y cuando Reguant estaba sentada en el banquillo de los acusados, en Madrid, el Tribunal Supremo aceptó la cuestión previa de su defensa que no se había realizado bien su procesamiento, ya que era diputada, y, por lo tanto, aforada, cuando se cerró la investigación y no tenía que hacerlo un juzgado de Madrid sino un tribunal superior quien finalizara la instrucción. Y ahora lo ha hecho el Supremo.

Libertad de expresión

La fiscalía pide para Reguant cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Por su parte, la defensa de la diputada Eulàlia  Reguant  solicita su absolución porque hay "una vulneración flagrante a la libertad ideológica y de conciencia". En el escrito, su abogado, Daniel Amelang, insiste en que no se puede sancionar dos veces por la misma conducta, ya que la sala segunda del Tribunal Supremo ya interpuso una corrección disciplinaria en forma de multa, de 2.500 euros, a Antonio Baños y a Reguant el año 2019. Asimismo, sostiene que la acusación vulnera la libertad ideológica y de conciencia de la acusada, así como su derecho a la libertad de expresión, porque defiende que Reguant actuó amparada por el artículo 418 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que establece que ningún testigo "podrá ser obligado a declarar sobre una pregunta de la cual su respuesta pueda perjudicar material o moralmente, de forma directa e importante, a la persona." También argumenta que se vulnera su derecho a representación política, en tanto que la petición de inhabilitación está interesada, ya que los hechos ocurridos fueron previos a que la acusada fuera diputada electa del Parlament: "Es una flagrante vulneración del principio de proporcionalidad."

Escaño

El juicio en Reguant llega cuando el Tribunal Constitucional ha aceptado ahora el recurso de amparo del exdiputado de Podemos al Congreso Alberto Rodríguez frente a la pérdida del escaño para todo el mandato después de ser condenado por el Supremo. Además, están los precedentes de su compañero Pau Juvillà, que tuvo que dejar el Parlament, y del presidente Quim Torra, a quien dos magistrados del Constitucional, admitieron que era excesivo que hubiera perdido el cargo y el escaño de diputado por una condena inferior al mandato.