La sala segunda del Tribunal Supremo ha citado ya por escrito al exconseller de Presidència y diputado de CDC Francesc Homs a declarar en calidad de investigado el día 19 de septiembre a las 11 de la mañana, a raíz de la causa que se sigue contra él por la consulta del 9-N, según ha podido saber El Nacional.

Al Supremo lo llama a declarar como investigado sin esperar a pedir el suplicatorio al Congreso y advierte al diputado, como se haría en una citación ordinaria, que en caso de que no comparezca ni alegue "justa causa que se lo impida", "la orden de citación podría convertirse en orden de detención".

La cédula, que fue emitida por el Supremo el pasado día 5, ha llegado hoy a su destinatario.

Declaración voluntaria

La citación ha sorprendido a la defensa del exconseller que esperaba que el Supremo, antes de dar este paso, plantearía a Homs la posibilidad de declarar voluntariamente, tal como prevé el artículo 118bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta vía, utilizada en otros casos que afectan a parlamentarios como por ejemplo hicieron los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE, permite comparecer con los mismos derechos que un investigado pero sin haber sido imputado.

La investigación del 9-N, por lo que afecta a Homs se encuentra en manos del Supremo por la condición de aforado del diputado de CDC. Según el artículo 71.2 de la Constitución, los diputados y senadores disponen de inmunidad, sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y "no podrán ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la cámara respectiva".

Informe jurídico

No obstante, dado que la citación del Supremo y la condición de investigado llegan antes de que se haya pedido el suplicatorio al Congreso, Homs pedirá formalmente a la Mesa de la Cámara un informe jurídico sobre cuáles son sus derechos como diputado. Igualmente, su defensa reclamará aclaraciones al Supremo.

El exconseller ya compareció voluntariamente el pasado 7 de marzo ante del TSJC. Posteriormente, el mes de mayo, la fiscalía pidió al Supremo que lo investigara por la consulta del 9-N por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Los mismos se imputaban al expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau. Esta semana, sin embargo, la Fiscalía ha renunciado a acusar Mas, Ortega y Rigau del delito de malversación.