El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado hace cerca de dos años por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) contra el cierre de la web Consum Estratègic, según ha informado la entidad este lunes. La ANC ha valorado “positivamente” esta decisión. Admite que esta admisión no implica todavía una resolución sobre el fondo de la cuestión, pero recuerda que “menos de un 10 % de los recursos de casación superan este filtro inicial”. En concreto, la sala civil del alto tribunal español ha admitido analizar si existe “boicot en sede de competencia desleal y la afectación que pueda tener sobre la libertad de expresión”. Ahora, Foment del Treball Nacional, entidad opositora a esta campaña de la Assemblea, debe presentar sus argumentos al Supremo.
Un juez hizo cerrar de forma cautelar la web Consum Estratègic, en 2019. Las resoluciones siguientes siguieron el mismo camino. En marzo de 2024, la Audiencia de Barcelona confirmó la sentencia del juzgado mercantil número 1, que acordó el cierre de este portal, que invitaba a desvincularse de las empresas que cotizaban en el Ibex-35 y que abandonaron la sede social en Catalunya fruto de la “campaña del miedo” con motivo del procés de independencia de Catalunya. El tribunal aprobó el criterio de Foment del Treball que sostenía que esta campaña debe ser calificada de “boicot” y puede llegar a perjudicar a los competidores por motivos ideológicos y “ajenos a la eficiencia, calidad o precio de sus prestaciones”.
Campaña legal y “empoderar” a la ciudadanía
En un comunicado, la Assemblea, presidida por Lluís Llach, ha reiterado que la campaña “Consum Estratègic es una iniciativa informativa orientada a promover un consumo consciente basado en valores”, y enmarcada plenamente dentro de los derechos fundamentales. Añade que, tal como ya se defendía en el recurso presentado el año 2024, “prohibirla y calificarla de boicot constituye una grave vulneración de derechos como la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de asociación”.
La ANC recuerda que “la campaña no señalaba a ninguna empresa ni promovía acciones ilegales, sino que buscaba empoderar a la ciudadanía en sus decisiones de consumo”. También asegura que “la actuación judicial hasta ahora ha confundido la expresión de ideas políticas con conductas inexistentes, atribuyendo a la Assemblea acciones que no tuvieron lugar”.
La entidad independentista añade que “la jurisprudencia europea establece que la libertad de expresión protege también aquellas ideas que pueden incomodar o generar controversia, como base esencial de una sociedad democrática”. También reitera que “los derechos fundamentales prevalecen sobre los intereses económicos, tal como han reconocido reiteradamente los tribunales europeos”.
Por todo esto, la Assemblea ha manifestado que “reafirma su determinación de continuar defendiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía catalana hasta las últimas instancias”, incluidos los tribunales europeos. “Esta admisión a trámite es, pues, un paso más en la lucha por garantizar que la libertad de expresión no sea limitada bajo acusaciones infundadas de boicot”, concluye.