El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha afirmado hoy que la decisión del juez Pablo Llarena de denegar el permiso a Jordi Sànchez para asistir al pleno de su investidura es "un ataque a la libertad y seguridad personal" del diputado del Parlament, en prisión preventiva por el proceso independentista.

En una atención a los medios, Ribó ha calificado la situación como uno de los hechos "más graves" que ha vivido durante su trayectoria profesional, y ha alertado de que se están vulnerando "los derechos activos y pasivos del candidato". Ribó ha declarado que "siento cierta vergüenza al tener que recordar las bases legales, que son firmes, que mantienen abierta la posibilidad de la candidatura de Sánchez", que según él están recogidas en la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Estatut.

Ribó también ha afirmado que el Síndico luchará por que, de hecho, sólo el presidente de PArlament, ahora Roger Torrent, puede organizar un debate de investidura y el poder judicial no puede sustituir esta función democrática. Para el Síndic, el auto "transgrede" los principios recogidos en la jurisprudencia europea e incluye aportaciones de tipo institucional y político que son "rechazables". "Sànchez conserva plenamente la titularidad de los derechos de participación", ha añadido Ribó, para quién "los órganos judiciales no pueden modificar la voluntad popular" y esta decisión "afecta a los derechos de participación política de toda la ciudadanía de Catalunya".

Por todo eso, el Síndico presentará un recurso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o, caso que persista en desestimar la petición de Sànchez, un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ribó también informará al Parlament y entidades de todo el territorio de las iniciativas que está llevando a cabo en relación con el tema, y ha invitado a la ciudadanía a "presentar las quejas que consideren oportunas".

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