El representante territorial de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1 de octubre Josep Pagès ha prometido este martes su cargo como diputado de JxCat al Congreso, dado que su compañero Jaume Alonso-Cuevillas ocupará un escaño de este partido en el Parlament de Catalunya.
Pagès ha prometido su cargo en catalán "por el mandato del 1 de octubre, por la libertad de los presos políticos, la vuelta de los exiliados y por imperativo legal", ha puntualizado en medio de un murmullo de protestas de algunos diputados.
Pagès sustituye a Jaume Alonso-Cuevillas, que ha dejado su acta para incorporarse al Parlament de Catalunya, que se constituye este viernes y que iba en la lista por Barcelona de JxCat liderada simbólicamente por Carles Puigdemont y con Laura Borràs en segundo lugar. Precisamente, Borràs también tendrá que dejar su acta de diputada en el Congreso esta semana.
▶ El #Pleno ha comenzado cono la coge de posesión de Josep Pagès i Massó, @jpagesm, de @JuntsXCat (G.P. Plural), en sustitución, miedo renuncia, de @JACS_JaumeACS. pic.twitter.com/2MOgHkIQXt
— Congreso (@Congreso_Es) March 9, 2021
El juicio contra los síndicos
Precisamente, ahora hace pocos días, empezó el juicio contra los síndicos electorales del 1-O, entre los cuales está el mismo Pagès. En sus declaraciones en el juzgado, todos coincidieron en explicar que, aparte de la llamada inicial, no recibieron ninguna instrucción más hasta el día 12. Aquel día los desactivaron y, por lo tanto, no llegaron a tomar posesión formal de los cargos ni hicieron nada más. Tampoco recibieron ninguna instrucción posterior.
Los elegidos fueron la abogada de Girona Marta Alsina; Marc Marsal, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona; Josep Pagès, profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona; Tània Verge, profesora de ciencia política de la Universidad Pompeu Fabra; y Jordi Matas, catedrático de ciencia política de la Universidad de Barcelona, y la abogada Marta Alsina.
Así pues, Pagès podría ser inhabilitado si es condenado. De hecho, la fiscalía pide nuevos meses de prisión por desobediencia grave a la autoridad y a dos años más por usurpación de funciones públicas. Alternativamente, el fiscal propone condenarlos por el delito de desobediencia a resoluciones judiciales a una pena de multa de 5.400 euros y un año de inhabilitación para supervisar procesos electorales.