El Instituto de Seguridad Pública de Catalunya es un organismo adscrito al departamento de Interior y responsable de la formación de los servicios de emergencias, desde los Mossos o personal penitenciario hasta los Bombers o Agentes Rurales. Desde 2009 no pasaba una revisión de la Sindicatura de Comptes, pero este miércoles se ha hecho público el informe relativo al ejercicio de 2023 y las 118 páginas del informe apuntan, entre otras deficiencias detectadas, "fraccionamiento indebido de contratos".
El trabajo de fiscalización cifra en 501 los contratos menores que se adjudicaron en 2023, con un importe total de 2,38 millones. En este punto señala "incidencias" relacionadas con la contratación separada de prestaciones que habrían debido ser objeto de un único contrato por el hecho de constituir una unidad operativa o funcional o estar relacionados con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles. Esto ha provocado "la elusión de los requisitos de publicidad o los relativos a los procedimientos de adjudicación" y, por tanto, el reproche de la Sindicatura sobre faccionamiento indebido.
En el caso de los contratos con procedimiento abierto señala falta de documentación en los expedientes y falta de informes de los servicios jurídicos en expedientes contractuales.
En el capítulo de procesos de selección y provisión de puestos de trabajo, señala diferentes incidencias en puestos provistos mediante encargos de funciones, entre los cuales 5 plazas que se definieron como puestos de libre designación o 3 encargos que superaban el plazo de 6 meses previsto, además de dos puestos ocupados mediante comisión de servicios que superaban el plazo de 2 años previsto en el decreto correspondiente.
Las conclusiones del informe reprochan al Institut de Seguretat Pública de Catalunya la falta de información e inventarios actualizados de sus bienes y falta de documentación sobre adscripción de edificios; descuadre de la tesorería, imputaciones de ingresos mal hechas, deficiencias de información con proyectos ya finalizados que continuaban figurando en la memoria o importes incorrectos; certificaciones de docentes cuando el curso ya había acabado; falta de planes directores, alguno de los cuales, como el plan director de formación, databa de 2015; carencias de la información pública del Portal de Transparencia; o falta de auditorías internas.
Por todo ello, la Sindicatura ha recomendado al Institut de Seguretat Pública que revise la gestión de la contratación y mejore el control de los procedimientos utilizados, con una adecuada programación de la licitación y adjudicación de los contratos; o revisar los circuitos internos de designación de docentes, para evitar errores o que se produzcan situaciones de incompatibilidades.