Los datos no le cuadran a la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, en el fiasco que ha protagonizado Catalunya en las pruebas PISA, por lo que ha anunciado que abre una actuación de oficio y reclama información al Govern. Los resultados de la enseñanza en Catalunya no constarán este año en la evaluación que organiza la OCDE después de que el 23,2% de los alumnos seleccionados para participar en las pruebas quedaron exentos, cuando el límite máximo de exentos para garantizar la validez del resultado es del 5%. La síndica ha puesto el foco en el hecho de que un 19,6% de alumnado ha quedado excluido por motivo de discapacidades físicas, cognitivas, emocionales o conductuales, lo que representa "una cifra muy superior a la prevalencia de estos perfiles entre el alumnado de 4º de ESO". Según los datos disponibles, los alumnos con necesidades educativas especiales representan aproximadamente un 5% del total. Cerca de un 10% de alumnos presentan necesidad de apoyo educativo, derivados de trastornos o retraso en el aprendizaje, pero no tienen necesidades educativas especiales.
A través de un comunicado, la síndica recuerda que la conselleria ha admitido la posibilidad de que algún centro hubiera aplicado en los procesos de selección de las pruebas PISA los criterios de exención previstos para las pruebas de competencias básicas de 4º de ESO. No obstante, añade que "el porcentaje de alumnado exento en las pruebas de competencias básicas, que se hizo en abril de 2025, al igual que las pruebas PISA, fue del 9,7%, una cifra considerablemente inferior al 23,2% registrado en las pruebas PISA". "De hecho, solo en el año 2024 el porcentaje de alumnado que no hizo las pruebas de competencias básicas, fuera por ausencia o exención, superó el 10%", añade.
Información que reclama
Esta es la razón por la que Giménez-Salinas ha solicitado a la conselleria información detallada sobre los 51 centros que formaban parte de la muestra, las características del alumnado exento, los mecanismos de acompañamiento y supervisión aplicados por los centros participantes, la verificación posterior de los criterios aplicados y las causas que explican el error detectado.
Asimismo, ha reclamado la documentación enviada a los centros antes de las pruebas y una copia del informe elaborado a raíz de las diligencias informativas abiertas para aclarar los hechos.
La síndica ha abierto su actuación de oficio, a pesar de recordar que la conselleria de Educació ya ha abierto actuaciones internas para determinar las causas de la incidencia y aclarar por qué no se aplicaron correctamente los criterios de exención, además de poner en marcha medidas para reforzar los mecanismos de supervisión.