El abogado del Estado Severo Bueno, que quiere imputar y hacer investigar a los heridos del 1-O, es el mismo que estuvo detrás de la decisión del Supremo de anular el carácter vehicular único del catalán en el ciclo de tres a seis años de educación infantil.

El alto tribunal se basó entonces en la sentencia del Estatut para concluir que el castellano tenía que ser lengua vehicular en las escuelas. La decisión afectaba tanto a las actividades internas como las externas en el segundo ciclo de educación infantil.

El Supremo rechazó así que el castellano quedara "reducido en su uso al objeto de estudio de una asignatura más, sin que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular de la enseñanza".

Ahora bien: Bueno pretende acusar de "masa tumultuaria" contra la policía a varios heridos que decidieron denunciar la actuación policial del 1-O y, además, propone identificar a otros concentrados que aparecen en vídeos con el fin de investigar su posible papel y relación con los CDR.

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