Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, los únicos acusados que no han estado en la prisión durante todo el proceso judicial, han acabado condenados por un único delito: desobediencia, como Mas, Ortega, Rigau y Homs por el referéndum del 9-N. En el caso de los tres consellers del govern Puigdemont las penas son: multa de 200 euros diarios durante 10 meses e inhabilitación para ejercer cargo público de 1 año y 8 meses. Los absuelve del delito de malversación ya que no considera demostrado que desde las Conselleries de Empresa, Gobernación y Justicia se pagara el referéndum.

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Manuel Marchena escribe:  "No ha quedado acreditado pese al esfuerzo probatorio desplegado por las acusaciones- que la Consejera Sra. Borràs o los Consejeros Sres. Forn, Rull, Vila y Mundó hubieran puesto la estructura de los departamentos que dirigían al servicio de gastos concretos justificados para la celebración del referéndum ilegal. Alguno de ellos, incluso, como alegaron algunos testigos, dieron órdenes específicas para la no aplicación de partidas presupuestarias a la consulta prevista para el día 1 de octubre. Es el caso, de modo especial, de los Sres. Vila y Mundó y de la Sra. Borràs"

judici procés; Borrás, Vila i Mundó - EFE

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Marchena acusa al resto del govern Puigdemont: "Otros miembros del Govern no se limitaron a una retórica exteriorización compartida de su voluntad de sustraerse al control financiero -un meramente simbólico y solidario «todos a una»-, sino que ejecutaron actos concretos de dispendio económico que no era otra cosa que la genuina expresión de su deslealtad".