El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha anunciado que abrirá una investigación interna sobre la filtración del informe del suplicatorio contra el president en el exilio, Carles Puigdemont.

Así lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa en Bruselas. Después de la publicación en el diario Abc de la propuesta elaborada por el eurodiputado de ultraderecha Angel Dzhambazki para levantar la inmunidad del president, la defensa pidió que se investigara.

Posteriormente también el presidente del Comité de Asuntos Jurídicos y eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, envió una carta a Sassoli para pedir una indagación en el mismo sentido.

Por todo eso, el socialista italiano encargará al secretario general de la cámara, Klaus Welle, que indague esta vulneración de la confidencialidad del proceso, que afectó a los intereses de Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín.

La Comisión de Asuntos Jurídicos incluye a 8 eurodiputados españoles, sobre los que recaen las sospechas de filtración por un interés político. Son Adrián Vázquez (Ciudadanos), Ibán García del Blanco (PSOE), Esteban González Pons (PP), Marcos Ros Sempere (PSOE), Javier Zarzalejos (PP), y los suplentes Jorge Buxadé (Vox), Javier Nart (exCiudadanos) y Nacho Sánchez Amor (PSOE).

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha tenido que corregir el informe que aprobó este martes para levantar la inmunidad de Clara Ponsatí después de constatar que, tal como avanzó ayer ElNacional.cat, se atribuía a la consellera de Enseñanza un delito de malversación que el juez instructor Pablo Llarena no contemplaba en la euroorden que emitió en noviembre del 2019.

El informe, elaborado por el eurodiputado búlgaro ultra Angel Dzhambazki señalaba que el Tribunal Supremo había pedido la suspensión de la inmunidad de Ponsatí por un delito de sedición y uno de malversación de fondos públicos.

No obstante, la euroorden que emitió Llarena en noviembre del 2019 no incluía el delito de malversación contra la extitular de Enseñanza dado que el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes de los procés no pudo acreditar el coste de la utilización de los colegios electorales.

En aquel suplicatorio, posterior al juicio, se acusaba de sedición y malversación a Toni Comín i Lluís Puig pero a Ponsatí sólo de sedición.

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