El Gobierno ha reaccionado rápidamente a la tensión diplomática España-Catalunya ante la internacionalización del proceso soberanista. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificado la acción exterior española, que ha organizado reuniones con altos mandatarios europeos y de los EE.UU., en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No hay nada extraordinario que el personal del Ministerio de Exteriores viaje", ha asegurado en un intento de rebajar la importancia de los movimientos internacionales del Gobierno español para detener el procés.

Santamaría entiende que la acción exterior bajo el eufemístico título "La acción de las comunidades autónomas en el exterior" es una respuesta a los presidentes de la Generalitat "que muy frecuentemente salían a explicar cosas que no eran", ha señalado en clara referencia al expresident Artur Mas. Ante eso, el Ministerio hace la función de "aclarar" esta postura.

La vicepresidenta del Gobierno ha vuelto a recurrir a la legalidad para justificar los movimientos del Ejecutivo: ha recordado que "el sistema constitucional protege la acción del Gobierno español" y que las reuniones a escala internacional se fundamentan en la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado aprobada en la última legislatura por la mayoría popular.

Tensión por la legislación de Exteriores

La citada ley, aprobada en el 2014, establece que las comunidades autónomas informen al Gobierno español de sus viajes y de la apertura de nuevas delegaciones en el exterior, una maniobra que se asoció a un aumento del control sobre la acción exterior catalana. Es más, la ley aprobada por el PP establecía que la política exterior del Gobierno español y de las comunidades tenía que ir hacia la "integración".