El Gobierno prevé aprobar a principios de 2026 una nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que limitará la colaboración público-privada y, según la ministra de Sanidad, Mónica García, blindará la sanidad pública frente a los intereses de los fondos de inversión. La norma, que derogará la legislación vigente de 1997, tiene como objetivo poner fin a un modelo que, según García, ha derivado en una “parásita público-privada” y ha deteriorado la gestión de los servicios sanitarios. “Esta ley es mucho más amplia”, ha afirmado la ministra en una entrevista con El País, en la que ha remarcado que el texto “pone límite al ánimo de lucro” y establece unas normas claras para garantizar la integridad del sistema público. Las declaraciones llegan tras la polémica por la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en manos del grupo privado Ribera Salud.
García ha remarcado que el objetivo de la nueva ley es “blindar y proteger nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad”. Aunque la norma no prohibirá del todo la colaboración entre el sector público y el privado, sí limitará que se pueda establecer con empresas que persigan beneficios económicos. García ha expresado su confianza en que la ley se apruebe durante esta legislatura y ha asegurado que su ministerio ya está ultimando el articulado para poder llevarlo al Consejo de Ministros a principios del año que viene.
Por otro lado, García ha avanzado que el Ministerio de Sanidad prepara un real decreto sobre las listas de espera con el objetivo de dar trazabilidad a todo el proceso asistencial, desde la visita al médico de atención primaria hasta la derivación al especialista, las pruebas diagnósticas y, si procede, la intervención quirúrgica. “Ahora mismo las listas de espera son cajas negras, y en el caso de la quirúrgica es una caja negra que pasa antes por un servicio de admisión que no es directo desde el cirujano hasta la lista de espera”, ha denunciado. En este sentido, ha acusado a la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de “maquillar” las cifras oficiales sobre listas de espera quirúrgicas, que el ministerio publica cada seis meses, y donde Madrid no aparece entre las comunidades con más demora. García ha reiterado que, a raíz del caso de el hospital de Torrejón, tanto el Ministerio como Más Madrid acudirán a la Fiscalía por un presunto delito de lesiones contra pacientes.
Investigación en Torrejón
Además, García ha anunciado que el Ministerio de Sanidad enviará la inspección general para que abra una investigación específica en el hospital de Torrejón. La ministra ha lamentado que prácticas centradas en el beneficio económico por encima del bienestar del paciente se estén repitiendo “también” en el grupo hospitalario Quirón, “favorecido”, ha dicho, por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “Torrejón es un aprendiz de Quirón. Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva años pasando en Quirón: un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados a parte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y, naturalmente, la connivencia de la consejería de Sanidad”, ha asegurado. García ha denunciado que “desde que está la señora Ayuso” al frente de la Comunidad de Madrid, se han desviado 5.000 millones de euros al grupo Quirón en los últimos años.