El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la necesidad de coordinar el inicio de las campañas de vacunación en los distintos Estados miembros, aunque luego sea cada país el que "marque sus sistemas y estrategias" según sus "metodologías e infraestructuras sanitarias".
Así lo ha explicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE para avanzar la agenda del Consejo Europeo de este jueves y viernes. El Gobierno español quiere que la UE establezca "indicaciones epidemiológicas comunes" para aplicar la estrategia de vacunas y que la coordinación incluya "un consenso sobre la fecha de inicio de la campaña para toda la UE".
Esta posición se la trasladó el propio González-Barba a sus colegas de la UE en el Consejo de Asuntos Generales celebrado el martes para preparar la reunión de jefes de Estado y gobierno, que en esta ocasión será presencial.
González-Barba ha remarcado que los Gobiernos europeos han hecho esfuerzos considerables de coordinación para afrontar la pandemia en distintos ámbitos y ha hecho alusión también al empeño de contribuir a que las vacunas lleguen a todo el mundo.
Por otra parte, ha señalado que, para el Gobierno español, sería bueno que la UE adopte en "un plazo razonable" una recomendación sobre el uso de test de antígenos y el reconocimiento mutuo de pruebas para permitir los viajes entre los socios.
Bruselas acelera plazos
En lo relativo a las vacunas, la Comisión Europea ha avanzado que acelerará todos los plazos para poder autorizar en apenas tres días la comercialización de una vacuna contra la Covid-19 desde el momento en que haya recibido el visto bueno científico de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), de forma que puedan empezar a distribuirse en la UE a principios de enero. Según han explicado fuentes comunitarias, el Ejecutivo comunitario tarda unos 67 días en autorizar una vacuna o fármaco en condiciones normales, pero la urgencia provocada por la pandemia ha obligado a Bruselas a usar toda la "flexibilidad" prevista en la normativa comunitaria para casos de urgencia.