Pedro Sánchez ha entrado en una espiral de ambigüedades en torno al referéndum que amenazan con ceder a Mariano Rajoy el papel de poli malo y erigirse él como el bueno ante el 1 de octubre. El secretario general asegura que estará al lado de la "legalidad" y del presidente para impedir las urnas, pero fuentes de Ferraz –del entorno del líder– cuestionan ahora la capacidad de Moncloa para evitar que se llegue al 1-O. Repiten que ese día habrá "algo" en Catalunya, aunque de producirse una votación, no tendría garantías, sino que sería un "acto partidista-social", como lo llaman para rebajar su peso político.

Lo expuso Sánchez en público este martes, tras encontrarse con el rey Felipe VI. "Nosotros no sabemos si habrá referéndum, o no, en términos formales. En todo caso, sería ilegal, sitúa a Catalunya fuera de la legalidad constitucional", afirmaba el mismo día en que los grupos parlamentarios independentistas presentaron la ley de referéndum que tendría que amparar legalmente y aportar garantías al 1-O. Lo dijo hasta dos veces, alineándose con los postulados del PSC y la "rueda del hámster" que repite a menudo Ciudadanos –aunque él no le llama así–.

La cuestión es que en la Moncloa no quieren ni soñar con la posibilidad de un recuento de votos, por muy informal que sea. Reiteran que es una vulneración de la ley: lo dictaminó el Tribunal Supremo, quien condenó al exconseller Francesc Homs a la inhabilitación, y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, y a las exconselleres Joana Ortega y Irene Rigau y al expresident Artur Mas. Por una parte, el Estado es el único que tiene capacidad para autorizar consultas. Por otra, el Tribunal Constitucional asentó jurisprudencia sobre que todo acto preparatorio para un referéndum también es delito. Y por último, emerge el coste que supuso para el gobierno del Partido Popular actuar tarde con el 9-N.

Pero Sánchez prevé que se llegue al 1-O, donde habrá "algo", según las fuentes consultadas. El hecho lleva implícito que ni las sanciones económicas vía Tribunal de Cuentas, ni los avisos del TC, ni la Fiscalía, podrían disuadir la ruta soberanista, que se autorreconocerá legitimidad y legalidad en virtud de la ley presentada este martes. Aquí las fuentes recuerdan que el Alto Tribunal ahora tiene poderes para suspender políticos, aunque no dicen si consideran que es una medida que el PSOE defendería. El hecho es que el Congreso votó a favor de la derogación de la reforma con los votos socialistas, aunque este procedimiento todavía no se ha emprendido.

Antes de que eso pase, Sánchez mantiene la voluntad de instar las partes al diálogo. Por eso dirá al presidente en la reunión que mantendrán el jueves que se siente a hablar con el president Carles Puigdemont para ofrecer una "respuesta política a Catalunya". El socialista dice que si lo hace, Moncloa tendrá todo su apoyo, aunque él defiende la reforma constitucional en el sentido federal y plurinacional. Fuentes de su entorno añaden que querría abrir la comisión en el Congreso para abordar el tema antes del 1 de octubre. De momento, ya prevé que el secretario de política federal, Patxi López, sea interlocutor con el ejecutivo central sobre Catalunya.

La misma voluntad de entendimiento que le impide firmar "un cheque en blanco" al PP con Catalunya –según fuentes de la ejecutiva consultadas por este diario–, lleva al secretario general a indignarse ante medidas como la intervención del Ejército. Por ello reprobó las palabras de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, sobre que esta institución estaba para "garantizar la integridad territorial", tachándolas de "amenazas". Eso sí, Sánchez anunció que por su parte pretendía "desmontar las falsedades" del independentismo, pero no concreta qué acciones llevará a cabo, preguntado por El Nacional.

El socialista sí está dispuesto a sentarse con Puigdemont. La próxima semana podría ser una oportunidad para hacerlo, ya que desembarca con la ejecutiva en Barcelona para reunirse con el PSC. Será el próximo viernes, un día antes que el primer secretario, Miquel Iceta, sea ratificado como candidato a unas posibles elecciones a la Generalitat. El objetivo es exhibir la unidad de los socialistas en contra del avance del soberanismo.