Todo el mundo está pendiente de las explicaciones de Pedro Sánchez sobre el espionaje a políticos, también los socios del Gobierno y el bloque de la investidura esperan como agua de mayo el pleno monográfico en el Congreso de este jueves donde, teóricamente, el presidente del Gobierno tiene que ofrecer explicaciones concretas y asegurar que esta práctica no se repite en España. Según El País, el pleno de este jueves traerá novedades, ya que, asegura el diario, Sánchez ha decidido que anunciará un cambio importante en la ley del CNI para aumentar los controles judiciales e internos. La ley, que es de 2002, pretende que haya más control en los servicios de inteligencia españoles para disipar las sospechas sobre el CNI. El presidente del Gobierno también comunicará que se agilizará la nueva ley de secretos oficiales en el próximo periodo de sesiones y que se desclasificarán las autorizaciones de espionaje que pida la Audiencia Nacional. Por su parte, El Confindencial publica que el Supremo ya estaría al tanto del anuncio de Sánchez y estaría muy descontento con la decisión.

El pasado 17 de mayo el PNV presentó una proposición de ley en el Congreso para reformar la legislación sobre el CNI con la finalidad de vincular a la persona que lo dirija con el presidente del Gobierno y así dejar claro cuál es el responsable político. La iniciativa la presentó el portavoz del partido vasco, Aitor Esteban, que consideró que, después de la polémica por el espionaje con Pegasus, convenía ser prácticos y hacer propuestas para mejorar la ley vigente. Según Esteban, 20 años después de la ley del CNI (2002) es momento de actualizarla y dar pasos adelante. La ley del PNV también plantea aumentar los controles para pasar, por ejemplo de uno a tres los jueces del TS que pueden autorizar cualquier tipo de espionaje. Esta decisión que anunciará hoy Sánchez es el paso más importante que se ha dado para aclarar el espionaje con Pegasus.

La comparecencia de Sánchez

La comparecencia de Sánchez se produce dos días después de que el PSOE haya vuelto a impedir con sus votos la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje, como habían pedido Unidas Podemos y partidos nacionalistas e independentistas, después de hacerse públicas las escuchas a los dirigentes independentistas a través de Pegasus y también a algunos miembros del Gobierno, entre ellos el propio Pedro Sánchez. Los socios de legislatura de Sánchez confían en que este les comunique hoy alguna nueva medida, como la que ha avanzado El País, ya que hace más de un mes que estalló el Catalangate y todavía no se han dado explicaciones. El pasado 18 de abril la revista The New Yorker reveló el espionaje a más de sesenta líderes independentistas, entre ellos el presidente del Gobierno, Pere Aragonès.

Las primeras consecuencias

El pasado 10 de mayo, el Gobierno destituyó a la directora del CNI, Paz Esteban, por el escándalo del espionaje. La decisión se tomó en el Consejo de Ministros el mismo día en que se hicieron públicos los resultados de los análisis a los móviles de los ministros del ejecutivo español. La directora del CNI compareció una semana antes en la recientemente constituida comisión de secretos oficiales del Congreso y admitió que los servicios de inteligencia españoles han espiado con aval judicial al presidente del Govern, Pere Aragonès, y a 17 independentistas más. Con respecto al resto de nombres que trascendieron como espiados con el software Pegasus, el ejecutivo español apuntó que se habría tratado de un ataque "externo" e "ilícito".