El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha esquivado dar explicaciones sobre el paradero del Juan Carlos, del cual no hay ninguna información oficial sobre donde se encuentra actualmente, asegurando, como ya hizo unos días, con que las conversaciones que haya podido mantener con Felipe VI son confidenciales.

En comparecencia posterior a la primera reunión de Pedro Sánchez con Felipe VI después de la marcha del emérito, que ha tenido lugar este miércoles en Mallorca, Sánchez ha insistido en que el Gobierno y la Casa Real son instituciones diferentes y que las informaciones relacionadas con el paradero de Juan Carlos, "las tiene que comunicar la Casa Real o el propio afectado".

Después del habitual despacho estival en Marivent, Pedro Sánchez ha querido quitar importancia a las características del encuentro asegurando que se ha tratado de un "despacho ordinario en un momento extraordinariamente complejo" y se ha limitado a decir que se han tratado temas como "la emergencia social y económica".

Respeto a la independencia judicial sobre Podemos

Respecto a la apertura de una investigación sobre la cúpula de su socio de gobierno, Podemos, por la supuesta existencia de una caja B, el presidente del gobierno español también ha evitado dar ningún tipo de opinión más allá de expresar su "máximo respeto" hacia la tarea de los jueces y su "independencia". "Hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de Derecho y que hay una independencia del poder judicial, y esta investigación está en manos del poder judicial", ha afirmado.

Por otro lado, Sánchez ha mostrado la disposición del Ejecutivo de negociar de nuevo con los ayuntamientos el real decreto sobre los remanentes municipales, si bien ha asegurado que el actual es un "gran acuerdo" y ha asegurado que su gabinete tiene la "máxima disponibilidad" y "la mano tendida" con todas las instituciones y, "singularmente, con los ayuntamientos".

En este punto, ha incidido en que sigue la "mano tendida" del Gobierno a los consistorios locales, después de que alcaldes de distintos partidos políticos criticaran el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias para la utilización del superávit y la liberación de los remanentes.

El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.

A un mes de su votación, una quincena de partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar este decreto.