El presidente del Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han comparecido ante los medios después de acudir a la Audiencia Nacional acusados de sedición por la concentración del 20 de septiembre ante el departament d'Economia.
Sin que hayan pedido ninguna medida cautelar contra ellos, Sànchez ha explicado que se ha limitado a responder las preguntas formuladas por su defensa. En este sentido, dice que esto le ha permitido dejar constancia de que la movilización "fue pacífica y cívica", y el convencimiento de que "en ningún momento" nadie de los más de 50.000 manifestantes de aquel día "quería alterar el odre constitutivo de los gobiernos de España". Las personas, afirma, protestaron contra unas acciones "que no entendemos, que han puesto en riesgo demasiadas cosas" por parte del juzgado número 13, que dice que actúa "todavía hoy con mucha opacidad".
Por lo que se refiere a la nueva etapa después del 1-O, Sànchez ha reclamado "diálogo" al Gobierno español y ha defendido que todo lo que no sea sentarse a hablar será "hacer mayor el problema". El presidente de la ANC asegura que si Rajoy no acepta la mediación internacional, estará dando por bueno el argumento de que "con el uso de la fuerza se pueden solucionar los conflictos", lo que ha calificado de "error enorme".
Por su parte, Cuixart ha explicado que se ha acogido al derecho de no declarar por "no reconocer la competencia de este tribunal" en el delito del que se les acusa: sedición. Así, ha denunciado que "una vez más" el Estado español ha intentado solucionar por la vía de la justicia lo que es "un conflicto político", y ha defendido que "más temprano que tarde" se sentará a hablar porque "estamos convencidos de que en la Europa del siglo XXI los conflictos políticos se solucionan dialogando".
Cuixart también ha tenido un mensaje para el gobierno de Puigdemont, al que ha pedido "seguir dando los pasos (...) del proceso de emancipación nacional" a fin de que el pueblo catalán pueda "ver realizada su voluntad expresada mayoritariamente" el pasado 1 de octubre. En este sentido, ha reclamado al Gobierno español que deje que el pueblo catalán se pueda expresar, que "ponga las urnas", y que pare de acudir a los tribunales para solucionar problemas políticos.