El caos que se está originando con las medidas por la crisis energética, que ha ordenado el gobierno de Pedro Sánchez, ha obligado a convocar el martes a las comunidades autónomas para intentar resolver dudas de aplicación. El ejecutivo español ha concretado una reunión urgente tan solo 24 horas antes de la entrada en vigor de las normas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es quien ha enviado una misiva a las autonomías convocándolas el martes próximo, 9 de agosto, para abordar con ellas la polémica.
Según han indicado a Europa Press fuentes del Departamento, será una reunión técnica que se celebrará por la mañana y que liderará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que es el organismo que coordina estas políticas. En esta Comisión Consultiva de Directores Generales, que presidirá el balear Joan Groizard, director general del IDAE, tratarán de resolver todas las dudas sobre la aplicación del real decreto ley aprobado por el Gobierno el lunes pasado, especialmente en materia de seguridad y salud laboral. A pesar de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes pasado, algunas comunidades han puesto de manifiesto dudas sobre la aplicación del plan de ahorro energético sobre diferentes cuestiones, como la temperatura de los espacios de hostelería o el alumbrado de los monumentos, entre otros temas.
Todo ha sucedido cuando este viernes el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que rectificar y Ribera ha precisado que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado a "alrededor de los 25 grados", teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, ante los 27 grados que prevé el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno. En este sentido, ha aclarado que los 27 grados se aplicarán "con flexibilidad" y ha puesto como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura diferente de otros espacios, "como una librería".
"No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de un ejercicio físico importante, que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura", ha asegurado Ribera en una entrevista a Onda Cero. Por eso, los comercios y establecimientos tendrán que justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, una flexibilidad incorporada en el decreto ley para proteger los derechos de la salud laboral de los trabajadores. Ribera ha señalado que este primer paquete de medidas está pensado para edificios de uso público "con flexibilidades" según el tipo de actividad económica y el trabajo que se ejerza. Así, ha distinguido los trabajos sendentarios –trabajar en una oficina– de los trabajos activos –la actividad en un restaurante.