Escuchados, a pesar de que tarde. La sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha anunciado hoy que se reunirá el próximo lunes, 28 de febrero, para votar y resolver el recurso presentado por los 34 excargos de los gobiernos de Mas y de Puigdemont, investigados en la causa del gasto de Exteriors entre los años 2011 al 2017, para que acepte los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de la Generalitat para cubrir los 5,4 millones de euros que se les reclama por la promoción de Catalunya y su independencia. La instructora del Tribunal de Cuentas rechazó estos avales y el octubre pasado se tuvieron que aportar las cantidades. ERC aportó 2,1 millones para cubrir los investigados del gobierno del 2016 y el 2017 (incluido el presidente Puigdemont), mientras que los 3,2 millones restantes se aportaron con inmuebles, como el del expresidente Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs y Andreu Mas Colell. La causa de Exteriors está ahora en fase de enjuiciamiento y será juzgada juntamente con los encausados del 1-O, a quién se les reclamó 4,2 millones ya aportados.
En concreto, los abogados de los investigados ‑com Rafael Entrena en nombre de Mas y Joaquim Nin‑ presentaron un recurso contra la decisión de la instructora de la causa, Esperanza García Moreno, que rehusó la validez de los avales al interpretar que "la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración, que hubieran obrado con dolo, culpa o negligencia grave en la generación del daño". La resolución de la instructora, el octubre pasado, les causó "indefensión", porque no les permitía presentar ningún recurso, en una resolución que excedía de sus competencias, además de vulnerar su presunción de inocencia. Las defensas insisten en que la delegada instructora "no ejerce funciones jurisdiccionales, sino de impulso de un procedimiento administrativo de diligencias previas", y lo que le permite la ley es valorar los avales presentados a efectos de decir si es procedente o no proseguir con las actuaciones con el fin de trabar los correspondientes embargos.
Además, sostienen que el decreto ley 15/2021 de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, a través del cual se aportaron los avales con fondos públicos emitidos por el ICF, continúa en vigor. Y, también les causó indefensión no ser informados de qué avales habían aportado otras personas, ya que al ser solidarios, se podían repartir y no tener que cubrir toda la cantidad por una única persona, diversas veces, creando un "sobreembargo o sobregarantía", sin que haya un remedio, y realizado contrario a la ley del Tribunal de Cuentas. Por todo eso, piden que se admitan los avales presentados a través del ICF.
Responsables
La semana pasada, y acabada la instrucción del caso, Sociedad Civil Catalana (SCC) presentó la demanda en el Tribunal de Cuentas contra once exaltos cargos del Gobierno por despilfarro de fondo públicos en la preparación del 1-O y en la acción exterior de la Generalitat. La gran novedad del escrito de la entidad españolista es que reclama más de 5,3 millones de euros a los líderes políticos, pero no a los cargos y funcionarios (que sumaban 34 personas en la causa de Exteriores). Así piden responsabilidades a los presidentes Artur Mar y Carles Puigdemont, como también al entonces vicepresidente Oriol Junqueras, y a exconsellers. E incluso excluyen al exconseller de Economía Andreu Mas-Colell, que es uno de los que ha tenido que poner patrimonio particular para cubrir los avales. Ahora, se espera el escrito de la fiscalía y contra qué políticos y funcionarios presenta la demanda.
La responsabilidad es solidaria, es decir a repartir entre varias personas. En concreto, Societat civil Catalana pide que 3,3 millones de euros sean cubiertos por el presidente Puigdemont con otras personas; 2,5 millones al vicepresidente Junqueras; y 1,8 millones al presidente Mas. Además, han incluido a la causa a los consellers Raül Romeva (600.000 euros), Dolors Bassa (1,3 millones), a Francesc Homs.(1,9 millones), Toni Comín (1,1 millones), Clara Ponsatí (900.000 euros), Jordi Turull (505.000 euros), Neus Munté (338.000 euros) y Lluís Puig (238.000 euros).
El enero pasado, el Tribunal de Cuentas anunció que aprobaba el archivo de la causa para dos de los investigados al haber depositado las cantidades exigidas. Son: Pere Puig Anglada, que era el delegado del Gobierno en Bruselas y al cual se le exigía 1.176 euros, y Lluís Bertrán i Saura, entonces secretario general de Gobernación y Relaciones Institucionales, que ha pagado 5.393 euros. En este caso, la instructora del procedimiento indicaba que se depositen estos 6.569 euros en la cuenta de la Generalitat de Catalunya. No obstante, la Generalitat siempre ha expresado que no ha sido perjudicada en ninguno de los procedimientos, ni del 1-O ni del de Exteriores.Tampoco con la consulta el 9-N del 2014.