Albert Rivera se saltó un control aleatorio de material explosivo en el aeropuerto de El Prat de Barcelona el pasado domingo 7 de octubre, siguiendo instrucciones de los policías nacionales que le escoltan, lo que ocasionó un altercado con los vigilantes del aeropuerto.

El presidente de Ciudadanos volaba a Madrid y tras pasar el arco de seguridad y escáner previo a las salas de embarque le tocó someterse a la llamada “prueba de trazas”, que detecta si en el equipaje, la ropa o la piel del viajero hay alguna sustancia no permitida. Uno de los escoltas de Rivera se dirigió a los vigilantes para decirles que de esa tarea se encargaban ellos y se negó a que su protegido pasara la prueba, como explica el digital Catalunyapress y ha confirmado una portavoz de Ciudadanos a El Nacional.

Los vigilantes replicaron que si Rivera no pasaba la prueba debían identificar al agente con su número de placa, tal y como dicta el protocolo de actuación. La situación se calentó y desembocó en un altercado entre vigilantes y policías. Con Rivera ya en el avión, los dos escoltas regresaron al control y uno de ellos increpó a los guardas por “interferir en un operativo” y amenazó: “La próxima vez te pongo las esposas”.

Los policías han denunciado a los vigilantes por “interferir en un operativo”. Alternativa Sindical, que agrupa a trabajadores de empresas de seguridad privada, también ha denunciado el incidente. Trablisa, la empresa responsable de la seguridad privada del aeropuerto de El Prat, bajo la supervisión de la Guardia Civil, ha comunicado a sus empleados que no los acompañará a declarar.

Ciudadanos ha explicado en una nota que "el presidente del partido siguió en todo momento la instrucción de la Policía Nacional. Rivera cumplió con las órdenes indicadas por criterio exclusivo de los agentes y nunca se ha negado a detenerse en ningún control cuando ha sido requerido para ello. Por tanto, se trata de una cuestión que depende del criterio y la autoridad, exclusivamente, de la Policía Nacional".

“Es un conflicto de intereses entre Guardia Civil y Policía Nacional y la parte más débil, los trabajadores, paga el pato. ¿Hay que acatar órdenes ilegales de un policía?”, ha dicho uno de los vigilantes a Catalunyapress.