La regularización extraordinaria de inmigrantes que permanecen en el Estado desde antes del 1 de enero de 2026 ya ha entrado en vigor. El PP y Vox se han puesto en pie de guerra y condenan la decisión tomada por el Gobierno, que nace de un pacto con Podemos. Este jueves, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a criticar la medida asegurando que "va en contra" del “aumento del control" por el que han apostado varios países de la Unión Europea. “Se toman decisiones que traicionan los pilares básicos del europeísmo, y algunos todavía no entienden por qué se señala a España para hablar del traidor de Europa" ha dicho en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En una atención a los medios posterior a su participación en las jornadas 'Wake Up', el líder del PP ha acusado al Gobierno de "no saber distinguir" entre antecedentes policiales y penales. El popular se opuso este miércoles a regularizar personas con antecedentes policiales y la portavoz y ministra de Inclusión, Elma Saiz, le respondió asegurando que para el ejecutivo la ausencia de antecedentes penales era "imprescindible". Para tener antecedentes penales es necesario que haya una sentencia judicial firme, mientras que los policiales se generan al ser detenido o investigado, sin requerir una condena. "Si un gobierno o su ministra no sabe distinguir entre estas dos cosas, no debería formar parte del Gobierno", ha reprochado Feijóo, que ha reiterado que la regularización es "'indiscriminada" y que no tiene ningún antecedente previo en la UE.
Este miércoles, Feijóo fue especialmente duro. Porque en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende regularizar a inmigrantes que han podido abusar de mujeres. “El Gobierno ha dicho muy claramente que con antecedentes policiales” se regularizará al inmigrante que “ha delinquido, ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano”, aseveró.
Este jueves, Santiago Abascal se encontraba haciendo un acto de precampaña para las elecciones andaluzas en Jaén. En una atención a los medios de comunicación, el líder de Vox ha asegurado que esta regularización “hará colapsar el mercado de la vivienda”. “Será un problema que pagarán los ciudadanos”, ha dicho. Y ha aprovechado para disparar contra el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, a quien ha asegurado restarle importancia a este tema. “Para nosotros sí que es el problema más grave”, ha aseverado.
Vox, de hecho, ha manifestado en los últimos días en sus redes sociales que esta regularización de inmigrantes hará colapsar unos servicios públicos que, de primeras, ya están saturados. “Cada vez pagas más impuestos y cada vez tienes peores servicios públicos; la inmigración masiva tiene sus consecuencias”, manifestaba la cuenta de extrema derecha este miércoles en su cuenta de Twitter (X).
El Supremo desestima la anulación cautelarísima de la regularización, pero exige al Gobierno un expediente
Por su parte, el Tribunal Supremo ha requerido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que "remita el expediente administrativo" del real decreto para la regularización extraordinaria en un plazo de veinte días. Así lo ha solicitado la sala contencioso-administrativa del alto tribunal en una diligencia de ordenación en la que admite a trámite el recurso que interpuso Hazte Oír contra la medida. Pero ha desestimado anular de forma cautelarísima la regularización, como pedía el pseudosindicato ultra.
La asociación solicitó al alto tribunal que suspendiera cautelarmente el real decreto porque considera que excede los límites legales y "altera de manera estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos". El recurso denuncia que el decreto "producirá efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública", tanto en lo relativo "a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como a la defensa de la familia".
El Gobierno endurece la línea roja de los antecedentes
El Gobierno ha incorporado la recomendación efectuada por el Consejo de Estado de hacer imprescindible por parte del solicitante acreditar que no tiene antecedentes penales. En un primer momento, si el inmigrante no lo podía acreditar por trabas burocráticas del país de origen, podía firmar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales.