La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, trata de reiniciar este miércoles su trámite de ponencia en el Congreso tras diez meses en punto muerto en los que los seis grupos partidarios de modificar la norma ―PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts― no han conseguido cerrar un acuerdo en seis artículos sensibles. Sí han logrado en este periodo y después de unas treinta reuniones de trabajo pactar cambios que afectan a 15 artículos que se suman a los acuerdos que se alcanzaron en las dos únicas reuniones de la ponencia que se consiguieron celebrar con todos los grupos parlamentarios en enero y febrero.

Fuentes parlamentarias de este grupo prorreforma resaltan a EFE que hay aún discrepancias en seis artículos, aunque son en tres de ellos donde las posturas, especialmente con el PSOE, dista de llegar a un acuerdo de forma inminente. Estos tres escollos que se mantienen desde el inicio de la tramitación de la reforma impulsada definitivamente en noviembre de 2021 son el uso del material antidisturbios en las manifestaciones, las multas por falta de respeto a la autoridad y las devoluciones en caliente.

Lejos del entendimiento

Las fuentes consultadas han apuntado a EFE que sobre estos asuntos ha habido en los últimos meses distintas propuestas y que ninguna ha sido acordada por todos los grupos que negocian la nueva ley, aunque las divergencias no son las mismas entre los grupos ni tampoco en los mismos puntos.

Por eso, llegados a este punto de que las negociaciones de los grupos a favor de la reforma no avanzaban más, en la última reunión tanto PNV como Unidas Podemos propusieron al resto la posibilidad de convocar a la ponencia y poner así "negro sobre blanco" todos los puntos acordados hasta la fecha a PP, Vox y Ciudadanos. En ningún caso, aclaran a EFE las fuentes consultadas, la reunión de la ponencia de este miércoles supondrá la última de sus sesiones, entre otras razones porque en ella se pretende "ordenar los trabajos" y constatar todas las propuestas de cambio que cuentan con mayoría para salir adelante.

Las exigencias de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional exige al Estado español que garantice el ejercicio del derecho de manifestación pacífica y reclama un control sobre las actuaciones policiales, en especial de cuándo se denuncian abusos por partes de las autoridades. Todo eso se recoge en el informe sobre el derecho a la protesta en el Estado, publicado el pasado mes de noviembre, donde se destaca especialmente los efectos de la ley mordaza, el endurecimiento del código penal contra las protestas y la falta de investigación de las denuncias de abusos policiales. La ONG aprovecha que el Congreso ha abierto el debate sobre la libertad de expresión, reunión y manifestación con la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La entidad subraya las consecuencias perniciosas de la ley mordaza, vigente desde el año 2015, para el derecho a la manifestación. Amnistía afirma que esta ley ha comportado "siete años de restricciones indebidas". Esta ONG no es la única al denunciar los efectos de esta normativa. Desde su entrada en vigor esta y otras organizaciones han documentado un retroceso "serio" en el ejercicio del derecho a la protesta como "consecuencia", entre otros, de la reforma del código penal, la aprobación de la ley mordaza, "el amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas" o la utilización "abusiva" de pelotas de goma o proyectiles de foam.