El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha pedido un informe al Consejo de Estado para impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat. Según ha expuesto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en una comparecencia exprés este jueves en la Moncloa, el escrito se fundamenta en que Puigdemont "carece de libertad deambulatoria", un estatus "incompatible con su comparecencia ante la cámara", pues pesa sobre él una orden de detención, si pisa territorio español.

"La situación no es que el señor Puigdemont vaya a venir, o no a España" –ha dicho Santamaría para aclarar que no valoran intenciones– sino que el presidente del Parlament Roger Torrent firmó el pasado 22 de enero el escrito donde se propone como candidato a la investidura "una persona que no tiene la plenitud de derechos. No es una posibilidad de futuro, sino de presente" ha añadido la número dos de Rajoy. Todo ocurre en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, que habilita al ejecutivo a "impugnar las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas".

En segundo lugar, Rajoy ha presentado una consulta potestativa ante el Consejo de Estado para que se pronuncie sobre si es posible hacer una investidura no presencial –telamática o a distancia–, en caso de que la Mesa lo acepte, y también, sobre si es posible aceptar el voto delegado de los diputados que se encuentran en Bélgica. El informe, según la vicepresidenta, tendría que orientar al ejecutivo para impugnar todo ello ante el TC, asimismo –ya que los informes preceptivos del CE son requeridos por el Gobierno para presentar recursos.

Fuentes del ejecutivo explican que la decisión de momento era conocida en Catalunya por el Partido Popular y el PSC; fuentes socialistas añaden que también la conocía el secretario general del PSOE Pedro Sánchez–que había dado su apoyo a Rajoy. Nadie habló de Ciudadanos. El hecho es que el criterio del presidente ha cambiado: si la semana anterior se pretendía esperar a que Torrent publicara el escrito donde reconocía la necesidad de utilizar medios telemáticos –que facilitaría un recurso inmediato al TC, al no ser reglamentario– esta vez el Gobierno quiere poner todas las trabas ex-ante.

En consecuencia, el ejecutivo fía el éxito de la operación –que tiene como objetivo que se proponga otro candidato a la investidura– a que la Mesa y el president del Parlament se sientan disuadidos ante el temor a las acciones penales de la Fiscalía. "Espero que los comienzos del señor Torrent sean acatar las decisiones judiciales" ha advertido Santamaría. Esta también ha denunciado que Torrent viajara a Bruselas para encontrarse con el cabeza de lista de Junts per Catalunya –ya que no estaba en sede parlamentaria como el resto de formaciones– y ha pedido "respeto a los ciudadanos".

Cuanto a los plazos, fuentes de la Moncloa apuntan que la presentación del recurso suspenderá de forma automática la candidatura de Puigdemont, una vez sea admitido a trámite por el Alto Tribunal y sin necesidad de dictar una sentencia. "Pero están acostumbrados a resolverlo en un fin de semana" dicen las personalidades consultadas, que recuerdan la investidura exprés del político gerundense, en contraposición a la de Artur Mas. Así y todo, habría que esperar a la resolución definitiva de la impugnación para conocer si era constitucional la candidatura de un diputado en el exterior.

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