El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, prevé sustituir todos los miembros del Govern como desarrollo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el objetivo de convocar elecciones en un plazo de tres a seis meses.

Así lo adelanta este domingo el diario madrileño El Mundo, que señala que el Gobierno español prepara la estrategia inmediata a seguir en caso de que finalmente se aplique el artículo que liquidaría el autogobierno catalán.

Aunque no hay precedentes en la aplicación de este artículo -sólo se esgrimió una vez en Canarias, pero no se llegó a aplicar-, el Gobierno español ya busca la manera de intervenir el autogobierno catalán. La fórmula sería, según el mencionado diario, la destitución de todo el Gobierno y su sustitución por una superestructura designada a dedo por el Gobierno español para hacerse cargo de la administración catalana por un periodo de tres a seis meses, y posteriormente convocar elecciones.

Según fuentes gubernamentales mencionadas por El Mundo, esta maniobra "no suspendería la autonomía", sino que "garantizaría el autogobierno y restauraría la legalidad estatutaria, respetando todas sus competencias". Es decir, que se buscaría que la liquidación del Govern legítimo se interpretara como una sustitución de cariz técnico.

Borrell, Piqué, López de Lerma y Duran i Lleida

En todo caso, para llevarlo a cabo, el ejecutivo de Rajoy ya se plantea tres hipótesis, la primera sería constituir un Govern de concentración con partidos de "todos los partidos", donde supuestamente, se incluiría a nacionalistas catalanes "críticos con el proceso independentista".

Es decir, que se nombraría, sin elecciones ni aprobación del Parlament a un president de la Generalitat y un Consejo Ejecutivo, para el cual ya sonarían nombres como Josep Borrell, Josep Piqué, Josep López de Lerma y Josep Antoni Duran i Lleida.

Con respecto a la segunda hipótesis, también con la previa de liquidar el Govern actual, se trataría de constituir una especie de órgano colegiado formado por técnicos, compuesto por altos funcionarios del Estado que se limitaría a gestionar los asuntos ordinarios de la Generalitat. Esta segunda posibilidad incluiría la posibilidad de que este gabinete técnico gobernara Catalunya desde Madrid.

Todavía habría una tercera línea de trabajo, que sería la de nombrar a un ministro específico para Catalunya, que como en los otros dos casos, se limitaría a garantizar el funcionamiento ordinario de la administración catalana. En los tres casos sin embargo, se destituiría de manera fulminante a todos los miembros del actual Consejo Ejecutivo.