El jurista Joan Queralt ha replicado los argumentos de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, para justificar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura. Según Queralt, el presidente catalán "no tiene suspendido ni limitado ningún derecho".
Queralt, catedrático de Derecho Penal de la UB, no ve base constitucional para impugnar la propuesta del president del Parlament, Roger Torrent, para que Puigdemont sea investido. "Tengo la impresión de que se sustituye el principio de legalidad por el principio de necesidad", ha afirmado en su cuenta de Twitter, donde tilda de "torpedo a la línea de flotación del Estado de Derecho" la decisión del gobierno español.
1) No acierto a ver cuál es la base constitucional de impugnar la propuesta de la candidatura de Puigdemont
— Joan Queralt (@JoanQueralt) January 25, 2018
2) Tengo la impresión de que se sustituye el principio de legalidad por el principio de necesidad
3) El principio de necesidad, en sí mismo, sin ninguna otra apoyatura, es una muestra de flagrante arbitrariedad, algo prohibido expresamente por la Constitución
— Joan Queralt (@JoanQueralt) 25 de gener de 2018
4) Si la impugación de la candidatura es arbitraria, haber conminado con impugnarla, impugnarla efectivamente e impedírsela a Puigdemont, que tiene su patrimonio jurídico-político intacto como candidato, supone un discolamiento del Derecho que va más allá de instar un amparo
— Joan Queralt (@JoanQueralt) 25 de gener de 2018
5) Ante lo que muchos consideramos un torpedo a la línea de flotación del Estado de Derecho, cabe preguntarse donde están los que a la mínima se rasgan las vestiduras y expulsan de la demoracia a los disidentes, cubriéndolos de improperios
— Joan Queralt (@JoanQueralt) 25 de gener de 2018
Por el contrario, Santamaría ha explicado en conferencia de prensa que, por el hecho de que sobre Puigdemont, exiliado en Bruselas, pesa una orden de detención al Estado español, y que sería detenido en cuanto retornara, no puede presentarse a la investidura. Puigdemont es diputado por Barcelona como número uno de la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones del 21-D.
Puigdemont se estableció en la capital comunitaria, junto con 4 consellers más de su gobierno, cesado por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155, sin que pesara todavía ninguna orden de detención contra él por los delitos de malversación, sedición y rebelión. Posteriormente, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena renunció a las órdenes europeas de detención que había cursado España.