"Tenemos la tasa de inmigración más alta de toda la Península, el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla". Esta frase se remonta al 5 de septiembre, cuando el president en el exilio, Carles Puigdemont, dio una conferencia en Bruselas para concretar las condiciones de Junts para negociar el apoyo del partido a la investidura de un Gobierno. De esta manera, Puigdemont evidenciaba que una de las carpetas donde pondrían el foco los juntaires a lo largo de la legislatura sería la inmigración. Más adelante también lo reflejaría Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso: el 15 de noviembre destacó que Catalunya concentra el 23% de la población inmigrante del Estado, mientras que la población catalana representa el 16% del conjunto del territorio español. Dos meses después, y fruto de la negociación para avalar los decretos del Gobierno, el partido fundado por Puigdemont anunciaba un acuerdo con el PSOE para la delegación integral de las competencias sobre inmigración.

En el comunicado hecho público por los juntaires poco después de la votación de los tres decretos, la formación afirmaba que esta delegación "irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Catalunya hacer una política integral, a fin de que sea el Govern y el Parlament de Catalunya los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad del país". Ahora bien, tras el anuncio, quedaba una incógnita: ¿qué implica exactamente esta delegación de competencias? ¿Qué podrá gestionar la Generalitat en materia de inmigración a partir de este acuerdo?

Así se materializará la delegación de las competencias de inmigración

Ambas partes —Junts ya lo hizo este miércoles a través del comunicado y el PSOE lo ha hecho este jueves a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños— han detallado que esta delegación de competencias se articulará mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española, a través de una ley orgánica específica para Catalunya. El artículo anterior (el 149) de la Carta Magna recoge que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. El 150.2 lo que estipula es que "el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". La Constitución todavía añade que será la ley orgánica la que "preverá la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado". En este sentido, conviene recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut también limitaba el alcance del artículo 138, sobre inmigración.

Las prioridades competenciales de Junts en clave de inmigración

Después del acuerdo, empiezan las conversaciones para hacer la ley orgánica que desgrane las cuestiones competenciales que asumirá la Generalitat en inmigración. Esta ley, como cualquier otra, tendrá que ser validada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados a lo largo de los próximos meses. A pesar de que en entrevistas radiofónicas de este mismo jueves, tanto Míriam Nogueras como Jordi Turull han admitido que "la letra pequeña todavía no se puede explicar y confirmar porque la ley orgánica se tiene que escribir" y lo que se acordó fue "la decisión carácter político", desde Junts per Catalunya sí que han trazado ya algunas prioridades: control y decisión sobre los flujos migratorios —es decir, poder fijar cuotas—, reforzar el catalán como lengua de acogida para personas migradas o capacidad de decisión sobre los casos de multirreincidencia para poder expulsar a sus autores.

Ya al mediodía, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido en una entrevista en La Sexta que "todavía queda por negociar el alcance de la delegación de competencias" y ha evitado aclarar si la delegación permitirá que la Generalitat pueda decidir sobre expulsiones de multirreincidentes. La ministra de Hacienda ha explicitado que la competencia "seguirá siendo de titularidad estatal" porque es exclusiva del Estado, pero que la Generalitat, "en el marco que delimite la ley orgánica, podrá desarrollar lo que tenga que ver con la inmigración". Como ejemplo, ha hablado de la "integración a través de la lengua" para que las personas recién llegadas "puedan convivir en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos".

¿Qué competencias tiene ahora Catalunya?

De la misma manera que el resto de comunidades autónomas, Catalunya dispone actualmente de competencias exclusivas de la primera acogida (esencialmente, hace referencia a aspectos formativos). Al mismo tiempo, aunque la mayoría de estas tareas las ejecutan los ayuntamientos, también tiene asumidas en el terreno de la integración de los inmigrantes, la custodia de su derecho a la participación política, los menores extranjeros no acompañados o la vigilancia de la igualdad de trato.

El resto de competencias, de titularidad estatal, se distribuyen entre cinco ministerios. El de Interior se ocupa del control de las fronteras, la colaboración de las autoridades policiales con sus homólogos de los países de donde provienen los migrantes, las devoluciones y expulsiones de migrantes en una situación administrativa irregular y los Centros de Internamiento de Extranjeros. A su vez, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el competente a la hora de trazar y diseñar las políticas del ejecutivo en referencia a los extranjeros, así como se responsabiliza de numerosas políticas de acogida e integración enfocadas a la atención de los migrantes. En este sentido, el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia es el coordinador de las políticas de infancia, aunque estén transferidas a las comunidades autónomas. Y los dos departamentos restantes son los de Asuntos Exteriores y Transportes: los primeros tienen en sus manos las políticas de relaciones internacionales y de cooperación para los países en vías de desarrollo; mientras que el ministerio de Óscar Puente es quien tiene bajo su batuta Salvamento Marítimo. A excepción de Transportes, los otros cuatro ministerios formarán la Comisión Interministerial de Migraciones, que pilotará Política Territorial, según explica EFE.