El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes por la mañana la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Sánchez no ha hecho ninguna referencia a los decretos en su declaración institucional y fuentes del ejecutivo han confirmado que no saldrían de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este lunes para aprobar la disolución de las Cortes. Sin embargo, fuentes del Gobierno confirman que este martes se volverán a aprobar los decretos de vivienda que el Congreso de los Diputados rechazó el pasado viernes, y que han precipitado el adelanto electoral. Si se aprueban estos decretos, deberán ser convalidados en el plazo de un mes por el Parlamento, y al estar ya disuelto, quien tiene potestad para hacerlo es la Diputación Permanente. Pero, ¿qué es este organismo previsto por la Constitución que los deberá aprobar?
¿Qué funciones tiene?
La Constitución española, en su artículo número 78, indica que "en cada Cámara [de las Cortes Generales] habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica". Las Diputaciones Permanentes, como indica este artículo, asumen las facultades que corresponden a las cámaras en el caso de que estas "hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato". Concretamente, se hace referencia a la convalidación de los decretos ley que apruebe el Gobierno y a la proclamación de los estados de alarma, de excepción y de sitio.
En el Congreso de los Diputados, que es el encargado de convalidar los decretos que apruebe el Gobierno, la Diputación Permanente la forman 68 diputados y la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. A diferencia del Pleno, con sus 350 diputados, el ejecutivo de coalición que lidera Sánchez podría tener en este organismo una mayoría suficiente para aprobar, como mínimo, uno de los dos decretos si los partidos votaran en esta ocasión lo mismo que hicieron este viernes. Este organismo es el que debe debatir y someter a votación los decretos ley que apruebe el Gobierno que, a pesar de estar disuelto, puede continuar dictando estas normas "en caso de extraordinaria y urgente necesidad".
El Congreso dispone de 30 días desde la aprobación del decreto para debatirlo y decidir si lo aprueba y lo mantiene en vigor o si lo suspende y sus medidas decaen. En este caso, si el Gobierno español aprobara este martes los decretos, la votación al respecto podría producirse, a lo sumo, el día 5 de noviembre, es decir, en plena campaña electoral para las elecciones del 29N.
Voces dentro del ejecutivo, como la ministra de Sanidad, Mónica García, han pedido volver a llevar los dos decretos para "apuntalar las medidas de vivienda, evitar desahucios y proteger a la ciudadanía" antes de este 29 de noviembre, donde ha señalado que la izquierda saldrá a "defender el derecho a la vivienda ante los especuladores y las libertades ante los reaccionarios". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha dicho que la convalidación de los decretos que decayeron el viernes en la Diputación Permanente sería "una catástrofe" y "una prueba más del secuestro del parlamento" por parte de Sánchez.
¿Quién la compone?
En la XV legislatura de las Cortes Generales, la Diputación Permanente del Congreso la componen 69 miembros: 68 diputados y diputadas en representación proporcional de los grupos parlamentarios y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El reparto actual de los 68 diputados en este organismo es el siguiente: 27 son del PP, 24 del PSOE (25, con la suma de Armengol), 6 de Vox y otros 6 de Sumar, y 1 diputado cada uno para ERC, el PNV, Junts y Bildu. Al Grupo Mixto, donde hay representantes de varios partidos, le corresponde el último diputado, que, en este caso, es Ione Belarra, de Podemos.
Con estos números, Sánchez podría aprobar el primero de los dos decretos que presentó la semana pasada si los partidos votaran lo mismo que hicieron el viernes. El primer decreto, que incluía las limitaciones a la compra para los fondos de inversión y la prórroga de los alquileres hasta 2028, entre otras medidas, podría salir adelante con 35 votos contra los 34 que sumarían PP, Vox y Junts, que votaron en contra. Si se repitiera el texto del segundo decreto, el relativo a la renovación automática de alquileres, este tampoco tendría suficientes apoyos en este organismo para ser convalidado, ya que el PNV también votó en contra y serían, entonces, 34 votos a favor y 35 en contra.