Todas las partes han salido razonablemente satisfechas de la comisión bilateral de infraestructuras entre el Estado y la Generalitat celebrada hoy en Madrid. Con sus matices, es lo que han transmitido a la salida quienes la han encabezado. Por una parte, el vicepresident Jordi Puingeró, que ha celebrado que se hayan desencallado cuestiones que estaban paralizadas desde hacía diez años y "se haya iniciado el trayecto hacia el traspaso integral y definitivo de Rodalies". Es un "primer paso", ha afirmado. En cambio, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha sostenido que la reunión ha sido "muy productiva" pero se ha centrado en cuestiones económicas. Porque se han desbloqueado otros asuntos, como la transferencia del déficit de explotación, que supone sufragar el servicio. También el pago de 3.500 millones de euros pendientes de la disposición adicional tercera del Estatuto. En el 2022 ya se pagarán los primeros 559 millones. Este órgano no se reunía desde 2018.

Desde la delegación de la Generalitat en Madrid, después de la reunión mantenida en el Ministerio de Transportes, el vicepresidente del Gobierno ha reivindicado que hoy "hemos iniciado el trayecto hacia el traspaso integral y definitivo de Rodalies" al ejecutivo catalán. No obstante, es sólo un primer paso que se tendrá que ir concretando a lo largo de los próximos meses, con el verano que viene como deadline para verificar la voluntad real del Estado. En este marco, ha señalado que el traspaso integral también incluye la infraestructura, las vías, las catenarias, las estaciones, el tren o el personal, los aspectos que más están costando en la negociación con el Estado. "Nos sitúa en un escenario de establecer puentes de confianza con el gobierno del Estado para ver si hay esta voluntad o no de avanzar políticamente cabe este traspaso, tal como marca el Estatuto," ha remarcado Puigneró.

 

En cambio, sobre este punto del traspaso integral, Isabel Pardo de Vera ha esquivado la cuestión. La secretaria de Estado de Transportes ha asegurado que la comisión de asuntos económicos y fiscales es la competente en la materia, y se ha limitado a hablar de una "culminación del traspaso de los recursos económicos". Es decir, el traspaso de los recursos para financiar el servicio de Rodalies. La infraestructura va por otro lado.

​Justamente en ese ámbito económico se ha acordado que el Estado transfiera a la Generalitat el déficit de explotación de Catalunya a partir del año 2022. El déficit de explotación es el dinero que pone la administración para cubrir todo aquello que no cubre lo que paga el usuario. Este importe, en torno a los 300 millones de euros, se concretará a la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales, que se reunirá antes de que acabe el año.

También ha habido entendimiento en la deuda pendiente de la disposición adicional tercera del Estatut, que establece que el Estado tiene que invertir en Catalunya en relación con su aportación al PIB estatal. Se ha acordado que el Estado pagará en torno a 3.500 millones de euros a la Generalitat relativos al periodo 2008-2013. Los primeros 559 millones llegarán en 2022, en un acuerdo que firmarán a finales de este año en el marco de la comisión mixta de asuntos económicos. El resto se va a calendarizar de cara a los próximos años. Puigneró no ha revelado a qué obras se destinarán, pero ha dejado claro que será obra "hecha por la Generalitat".

Ahora bien, a pesar de todo, el vicepresident de la Generalitat ha querido ser "prudente" porque el gobierno del Estado cuenta con un largo historial de incumplimientos en relación a los compromisos contraídos con Catalunya. "Queremos hechos y no palabras. Y en base a los hechos que se vayan produciendo, tanto en la disposición adicional como en el traspaso integral, veremos si es una realidad definitiva o ha sido, una vez más, una voluntad no cumplida", ha concluido.