El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado indecente que el Tribunal de Cuentas abra un expediente para hacer pagar la factura del 9-N a los políticos inhabilitados y no haga nada para recuperar el dinero que el Gobierno pagó para rescatar a la banca.

"¿Cómo es posible que se persigan a los cuatro inhabilitados por el 9-N que cometieron el delito de poner las urnas en una fiesta y sean incapaces de mover un dedo por recuperar los 60.000 millones de euros de gente muy humilde que pagó con sus impuestos?", se ha preguntado en una entrevista a RAC105.

Asimismo, ha añadido que el Tribunal de Cuentas también tendría que investigar la amnistía fiscal "ilegal". "¿Montoro responderá con su patrimonio?", ha vuelto a preguntar. En este contexto, el president de la Generalitat ha avisado al Estado de que "no ha entendido nada" si piensa que delante tiene dirigentes políticos que les preocupa más los bienes materiales que la causa.

Equivocado e injusto

Puigdemont ha afirmado que es "injusto y tremendamente equivocado" pensar que las personas que se dedican a la política tienen un patrimonio por el cual tienen que sufrir. "Si alguien piensa que los dirigentes están comprometidos en hacer política en un momento como este porqué se mueven por intereses materiales, se equivoca", ha añadido.

Se trata, según el president, de una idea que explica el análisis "erróneo" que hace el Estado sobre la situación a Catalunya. Y en este sentido, ha afirmado que si el Estado se piensa que tiene delante personas que les preocupa más los bienes materiales que la causa, quiere decir que "no han entendido nada".

El Tribunal de Cuentas que, según ha recordado Puigdemont, depende del Gobierno, ha abierto un expediente por decidir si el expresident de la Generalitat Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs tienen que pagar de su bolsillo los más de 5 millones de euros que costó la consulta del 9 de noviembre de 2014. Un hecho que Puigdemont ha tildado de "terriblemente injusto, un abuso y una señal de la calidad democrática del Estado", y ha lamentado que después de haberles perseguido por sus ideas, ahora se les quiera perjudicar la vida personal y de sus familias.

Amnistía ilegal

En este contexto, Puigdemont se ha preguntado por qué el Tribunal de Cuentas investiga las posibles responsabilidades económicas del 9-N y, en cambio, no hace nada por recuperar el dinero que el Gobierno destinó a rescatar la banca o los recursos que el Estado ha dejado de ingresar por una amnistía fiscal "ilegal".

Preguntado por el artículo del letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, en que pone en duda la vía unilateral del 1-O, el president ha respondido de que también hay "gran cantidad de textos de expertos que dicen lo contrario". Lo ha situado en un "debate de expertos" y ha puesto en valor que "las leyes se hacen para la gente y que la gente puede cambiar las leyes". "Quien decide las leyes y la legitimidad de las cosas que se hacen a las instituciones democráticas son los ciudadanos. Y no creo que nadie les pueda mirar a los ojos y no decirles que no tienen derecho a decidir su futuro", ha concluido.

En referencia a la compra de las urnas del referéndum, Puigdemont no ha querido dar detalles y se ha limitado a decir que "hay muchos caminos para tener urnas" y asegurar que el 1-O las habrá. Asimismo, el president de la Generalitat ha afirmado que lo único que puede impedir que no haya referéndum es que la gente no vaya a votar el 1 de octubre.