Las defensas de los investigados por el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos para la celebración del referéndum del 1-O, entre los que se encuentran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, han pedido por escrito utilizar las fianzas ya depositadas en el Tribunal Supremo y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para cubrir los 4,1 millones de euros que reclama el órgano fiscalizador por estos hechos.
Según informan fuentes jurídicas a Europa Press, los abogados de las defensas han consignado sendos escritos ante Tribunal Supremo y el juzgado de Barcelona para que les permita emplear las cantidades ya abonadas para poder hacer frente a la fianza total de 4.146.274,97 euros que fijó el Tribunal de Cuentas y para la que dio 15 días de plazo, que concluye la semana que viene siempre y cuando no se pida, y se admita, una prórroga.
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas dio a conocer el pasado 28 de enero el acta de liquidación provisional, con la que impuso fianzas solidarias a 28 investigados, entre los que se encuentran todos los que fueran consellers del Govern y alto cargos de la Generalitat, para asegurar el reintegro de los 4 millones de euros al erario público en caso de que sean condenados.
El juez del Supremo que instruyó el procés, Pablo Llarena, ordenó el pago conjunto de 2,1 millones de euros a los nueve consejeros de Puigdemont procesados por malversación como responsabilidad civil. Así, aunque la Sala juzgó por este delito a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, finalmente condenó por ello a los cuatro primeros.