El president Carles Puigdemont ha respondido con indignación a la reunión que la Comisión Europea mantuvo con Societat Civil Catalana (SCC) en diciembre de 2021 sin que esta última estuviera inscrita en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. El pasado mes de diciembre el comisario de Justicia, Didier Reynders, se reunió con la entidad antiindependentista, que no se registró hasta finales de enero del 2022. Después de conocer este último dato, el president ha acusado a la Comisión Europea de "pasarse las normas por el forro" y ha asegurado que comportamientos como este sólo sirven para debilitar Europa. El dirigente independentista carga contra Reynders y subraya que "Un comisario que manifiestamente incumple el código de conducta para favorecer a un socio político no es apto para, después, elaborar los informes sobre el cumplimiento del 'rule of law'".
El código de conducta interno prohíbe a los comisarios reunirse con organizaciones que no estén registradas. Los eurodiputados de Junts alertaron sobre este hecho en una pregunta europarlmentaria, pero Bruselas ha esquivado la cuestión. En la respuesta enviada el pasado viernes, la CE asegura que aplican "altos estándares de transparencia en los contactos con representantes de interés". Sin embargo, no menciona los requisitos del código de conducta. "Los comisarios y los miembros de su gabinete solo se podrán reunir con aquellas organizaciones o individuos autónomos que estén registrados en el Registro de Transparencia (...) en la medida en que entren en su ámbito de aplicación", dice el artículo 7 de código de conducta del ejecutivo comunitario.
En otro mensaje en su cuenta de Twitter, Carles Puigdemont ha compartido la carta que su grupo en el Parlamento Europeo envió a Dreynders pidiendo una reunión para hablar sobre el estado de derecho, la calidad de la justicia española y su efecto sobre el catalán. La carta se envió después de la reunión con Societat Civil Catalana y, desde Junts indicaban: "Esperamos que la Unión Europea escuche todas las opiniones". Meses después, Puigdemont se dirige al comisario y le dice: "Mira que habría sido fácil de recibirnos" y añade que "no encuentra nunca tiempo para escuchar a los que ganamos las elecciones europeas en Catalunya y, en cambio, incumple el código de conducta con el fin de satisfacer a un diputado de Ciudadanos, que es de su grupo político."
La reunión con SCC
El entonces presidente de la entidad, Fernando Sánchez Costa, y el eurodiputado de Ciudadanos Ramón Bauzá se reunieron a principios de diciembre del 2021 con el comisario de Justicia, Didier Reynders, para pedir a Bruselas que "obligue los poderes públicos" a cumplir la sentencia del 25% de castellano. La entidad también acusó al Govern "de erosionar" el estado de derecho y trasladó a Reynders "la importancia de que las euroórdenes se cumplan". Los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí enviaron una queja a la CE por la reunión y denunciaron los "estrechos lazos" de la entidad con la extrema derecha. Sin embargo, la CE defiende el encuentro con SCC y recuerda que mantiene un "diálogo abierto, transparente y regular con representantes de la sociedad civil". "Nuestra puerta siempre está abierta y es importante para la CE relacionarse con la sociedad civil y escuchar diferentes puntos de vista", dijo el portavoz de Justicia, Christian Wigand, ante las críticas de los independentistas.