El president Carles Puigdemont ha reclamado al presidente español en funciones, Mariano Rajoy, una “respuesta política” al mandato del 27S, que tendría que pasar “como mínimo” por un referéndum, así como “con respecto a la autonomía local y sus cargos electos”. Estos son el primero y el último punto de los 46 que integran el documento que el jefe del ejecutivo catalán ha entregado a Rajoy durante la reunión que han mantenido esta tarde en la Moncloa y al cual ha tenido acceso El Nacional.

El primer epígrafe del documento está dedicado a la relación Catalunya-España y recuerda que de los comicios del 27S surgió una mayoría favorable a la creación de un nuevo Estado para Catalunya, lo cual confiere “legitimidad a la acción política y parlamentaria de sus representantes".

“Es obligación, por lo tanto, de los demócratas buscar las vías de negociación y diálogo que posibiliten dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría que puede incluir, como mínimo, la celebración de un referéndum”, señala el texto.

El último punto punto del documento, bajo el epígrafe “evitar la judicialización de la política”, reclama el respeto a la autonomía local y sus cargos ante lo que describe como “la persecución por parte de la Delegación del Gobierno en Catalunya de múltiples actuaciones contra los consistorios y los municipios catalanes”. En este sentido, recuerda que se han iniciado diversas investigaciones judiciales ante consistorios por haber manifestado su apoyo a decisiones políticas del Parlament, en referencia a la de declaración de desconexión del 9N.

46 puntos

El documento tiene 18 páginas, donde, aparte de los dos epígrafes descritos, figuran dos capítulos dedicados a “garantía de los derechos sociales” -donde se habla de políticas sociales y política fiscal y financiera-, e “incumplimientos del Estado con Catalunya, invasión de competencias e interferencias en la acción de Govern”.

En relación a las políticas sociales expone el “déficit estructural de financiación del sistema público de salud”, así como los recortes en políticas sociales o la financiación insuficiente de la ley de Dependencia. Pobreza energética -con los obstáculos a las iniciativas impulsadas por el Govern- y la acogida de refugiados figura también en este capítulo.

El objetivo de déficit del 2016 – una imposición “desproporcionada e injusta” - encabeza el epígrafe sobre política fiscal y financiera, donde aparecen las reivindicaciones sobre el nuevo modelo de financiación -tilda el actual de “discriminatorio”-; las limitaciones que ha impuesto el Estado en las medidas tributarias impulsadas por la Generalitat para incrementar los ingresos, que han provocado pérdidas por valor de 842 millones de euros. En referencia al FLA, reclama la revisión del tipo hasta el 0%.

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Incumplimientos

El tercer capítulo es el de los incumplimientos del Estado. Lo encabeza la exigencia de “respeto al modelo de la escuela catalana”. También aquí figuran las limitaciones en la acción exterior de la Generalitat y el recurso del Estado en contra de la conselleria, así como la dificultad para el voto de los expatriados.

Los impedimentos a la creación del Consell de Justícia de Catalunya que contempla el Estatut; la conflictividad institucional; los traspasos pendientes y los 532 millones de euros que el Estado debe a Catalunya para la financiación de los Mossos figura en este capítulo, así como la “subinversión” en infraestructuras y el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut-que cifra en 3.811 millones.

En el capítulo de infraestructuras ocupan también un lugar destacando inversiones como el corredor mediterráneo o la red de cercanías y regionales; el modelo descentralizado de puertos y aeropuertos; y el plan hidrológico.

También en el capítulo de incumplimientos aparece el impacto de la reforma del sector eléctrico y el modelo catalán de comercio.