Los eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han llevado ante la Comisión Europea las presiones del Tribunal Supremo sobre los responsables de las prisiones catalanas para impedir que se permita que los presos políticos puedan seguir el confinamiento en sus casas. El permiso se fundamenta en el hecho de que se acogieron al artículo 100.2 del reglamento penitenciario para poder salir a trabajar o hacer voluntariado fuera de la prisión.

Después de que la conselleria de Justicia hizo saber que las juntas de régimen general de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric estudiarán este tema, el Tribunal Supremo hizo pública una nota de prensa advirtiendo que exigirá a las juntas y a los responsables de los centros las razones jurídicas en que se fundamenta esta decisión ante la posibilidad de que se incurra en prevaricación.

En una pregunta escrita en la Comisión Europea, los tres eurodiputados preguntan si esta declaración contraviene los Tratados de la UE sobre la no discriminación por razones ideológicas y con el principio de imparcialidad e igualdad ante la ley y la Carta de Derechos Fundamentales; y si esta pronunciamiento amenazador es compatible con la presunción de inocencia.