Los "últimos de Filipinas" fueron los soldados españoles que continuaron resistiendo en una iglesia del archipiélago asiático, sin aceptar que la guerra había terminado. Y el teniente japonés Hiroo Onoda continuó escondido en la selva de la isla filipina de Lubang hasta 1974, convencido de que la Segunda Guerra Mundial todavía no había terminado porque ningún superior le había ordenado deponer las armas. Son los dos episodios históricos que el abogado Gonzalo Boye ha recuperado para compararlos con la resistencia de Vox a aceptar la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. La comparación no es gratuita: aparece en el escrito presentado ante el juez Pablo Llarena, al que ha tenido acceso ElNacional, en el que la defensa del president en el exilio reclama que se desestime el recurso de la extrema derecha para reactivar la orden de detención contra él.
Boye recurre a la ironía para desacreditar la estrategia judicial de Vox. "El recurso tiene algo de los últimos de Filipinas o, para usar el término con el que se conocen los soldados japoneses que continuaron combatiendo años después de 1945, de los holdouts", escribe el abogado, que reprocha a la acusación popular que continúe defendiendo "con una perseverancia digna de una causa mejor" una interpretación de la amnistía "que ya no comparten ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado", que el TJUE ha desmontado en su dimensión europea y que el Constitucional acaba de declarar contraria a la Constitución. "La recurrente pide algo parecido: que las órdenes continúen vigentes hasta que llegue de Luxemburgo una contraorden que ningún órgano de esta causa ha pedido al Tribunal de Justicia, mientras desatiende la que ya ha llegado del Tribunal Constitucional", ironiza el abogado de Puigdemont.
¿Por qué Vox quiere que se vuelva a detener a Puigdemont?
El origen de la nueva batalla judicial es la decisión adoptada por Llarena el pasado 6 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional estimara el recurso de Dolors Bassa y abriera la puerta a aplicar la amnistía al delito de malversación del procés. El magistrado del Supremo dejó provisionalmente sin efecto las órdenes de detención que pesaban sobre Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, hasta que examinara la sentencia completa y adoptara una decisión definitiva. Vox, que ejerce la acusación popular, recurrió contra esta decisión el 8 de octubre y pidió al juez Llarena que reactive la orden de detención de Puigdemont.
El partido liderado por Santiago Abascal considera que Llarena actuó precipitadamente, sin disponer inicialmente del texto íntegro de la sentencia, y que una resolución favorable a Bassa no se puede trasladar automáticamente a Puigdemont. De hecho, según recoge Boye en su escrito, Vox sostiene que la única novedad es "el conocimiento del sentido de la decisión de una sentencia de amparo dictada a favor de una tercera persona". También argumenta que las órdenes se deben mantener mientras haya cuestiones pendientes ante el TJUE y recuerda la situación procesal del expresidente, que no ha comparecido ante el Supremo para ser juzgado.
La defensa replica que el Constitucional ha cambiado radicalmente el escenario jurídico. La clave es que el Supremo había rechazado la amnistía porque consideraba que destinar dinero público al referéndum había comportado un enriquecimiento personal de sus responsables, ya que se habrían ahorrado tener que pagar los gastos de su bolsillo. El Constitucional ha rechazado esta interpretación en el caso de Bassa, que fue condenada por la misma malversación atribuida a Puigdemont. "Si esto no es un cambio de circunstancias, cuesta imaginar cuál lo sería", replica Boye.
El abogado insiste en que, aunque la sentencia de Bassa no amnistíe automáticamente a Puigdemont, la interpretación jurídica del Constitucional vincula a los jueces. Por eso rechaza que Vox presente como una contradicción el hecho de que Llarena cambiara de criterio entre septiembre y octubre: "Lo que la acusación popular presenta como una incoherencia es, sencillamente, el orden en que suceden las cosas", concluye Boye.
La batalla europea: ¿hay que esperar a Luxemburgo?
Otro de los argumentos de Vox es que todavía hay procedimientos pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podrían afectar a la aplicación de la amnistía. El partido reclama mantener las órdenes hasta que Luxemburgo resuelva las cuestiones prejudiciales pendientes y una nueva consulta que la misma formación ha solicitado. La respuesta de Boye es que ningún órgano judicial de esta causa ha planteado estas cuestiones al TJUE. Y aquí introduce una distinción importante: una cosa es que un juez suspenda un procedimiento porque ha pedido una interpretación al tribunal europeo, y otra, muy diferente, que una acusación pretenda paralizar una causa por consultas planteadas en otros procedimientos o que todavía no han sido admitidas.
Según la defensa, la sentencia europea del 16 de julio permite a los jueces mantener medidas cautelares cuando lo consideren necesario mientras esperan la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por ellos mismos, pero no les obliga a hacerlo en cualquier circunstancia. Es en este punto donde Boye recupera la historia del militar japonés Hiroo Onoda, que continuó escondido en Filipinas hasta que un antiguo superior le ordenó personalmente que abandonara la lucha. "La recurrente pide algo parecido: que las órdenes continúen vigentes hasta que llegue de Luxemburgo una contraorden que ningún órgano de esta causa ha pedido al Tribunal de Justicia, mientras desatiende la que ya ha llegado del Tribunal Constitucional", ironiza el abogado.
La libertad de Puigdemont, en juego
El escrito también combate el argumento de Vox según el cual Llarena no podía dejar sin efecto las órdenes de detención por iniciativa propia y sin escuchar previamente a todas las partes. Boye invoca el artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite modificar las medidas cautelares durante la tramitación de una causa, incluso de oficio, cuando la decisión favorece la libertad de la persona afectada. La defensa recuerda, además, que el levantamiento de las órdenes es provisional y reversible. En cambio, advierte que una detención que posteriormente se declarara improcedente causaría un perjuicio que ya no se podría reparar. También rechaza la propuesta de Vox de detener a Puigdemont en caso de que regresara a Catalunya y decidir después sobre su libertad. "Proponer la privación de libertad como medida menos perjudicial para la libertad tiene, como mínimo, el mérito de la originalidad", ironiza Boye.
¿Qué pide ahora Puigdemont a Llarena?
La defensa formula tres peticiones concretas: que Llarena desestime íntegramente el recurso de Vox, que rechace suspender la decisión que dejó sin efecto las órdenes de detención y que, si finalmente se tramita la apelación ante la sala correspondiente del Supremo, también sea desestimada. Pero el objetivo de fondo va más allá de este incidente procesal. Puigdemont quiere que el juez declare definitivamente amnistiado el delito de malversación que se le atribuye y levante de manera permanente las órdenes de detención. Boye anuncia que desarrollará esta petición en un escrito específico.
La diferencia es decisiva. En estos momentos, las órdenes de detención están provisionalmente sin efecto, pero Puigdemont todavía no tiene reconocida definitivamente la amnistía. Por eso la defensa intenta cerrar cualquier vía que permita reactivarlas antes de que Llarena adopte una resolución de fondo. Y, mientras tanto, Vox mantiene la batalla judicial para impedir que la retirada provisional se consolide.